El centro de salud de La Algaba, en Sevilla, ha vuelto a ser escenario de un grave episodio de violencia hacia los profesionales sanitarios. Este martes, un médico fue agredido verbalmente y amenazado por un hombre de 55 años, quien, según informó el Sindicato Médico de Sevilla, exigía la renovación inmediata de recetas para un familiar, a pesar de no tener cita previa.
El conflicto comenzó cuando el facultativo explicó al usuario que la renovación de la medicación debía gestionarse mediante una consulta programada, como establece el protocolo. Lejos de aceptar la indicación, el hombre reaccionó con gritos, insultos y exigencias para que se cumpliera su demanda en ese momento. A medida que aumentaba la tensión, el profesional, temiendo por su integridad, intentó abandonar la consulta y dirigirse a la sala de espera, pero fue perseguido por el agresor, quien continuó proferiendo amenazas de manera constante.
A pesar de la intervención de la Policía Local, el atacante logró huir del lugar antes de ser detenido. Este suceso, lamentablemente, no es aislado: el mes pasado, otro médico del mismo centro sanitario sufrió una agresión física que le causó lesiones. La reiteración de este tipo de hechos en La Algaba pone en evidencia un problema estructural que afecta no solo a los trabajadores de este centro, sino a los profesionales sanitarios en general.
Un clima de inseguridad creciente
El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado que los médicos y demás personal de salud enfrentan un clima laboral de inseguridad constante, especialmente ante personas que recurren a la violencia como forma de expresar su descontento. Estas agresiones no solo afectan la integridad física y psicológica de los profesionales, sino que también repercuten en la calidad del servicio que pueden ofrecer, ya que trabajan en un entorno donde no se sienten protegidos.
“La violencia en los centros de salud no puede seguir normalizándose. Nuestros médicos y profesionales están al límite, teniendo que ejercer su trabajo en condiciones de inseguridad que son inaceptables”, señaló el sindicato en un comunicado. Este tipo de incidentes, subrayan, no solo genera un impacto emocional en las víctimas directas, sino que extiende el miedo y la preocupación entre el resto del personal sanitario.
Ante esta situación, el Sindicato Médico de Sevilla ha exigido a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los profesionales en su lugar de trabajo. Entre las propuestas destacan la implementación de protocolos de seguridad más estrictos, la instalación de sistemas de alarma en las consultas, cámaras de videovigilancia en las instalaciones y la presencia de personal de seguridad en los centros sanitarios.
Estas medidas, según el sindicato, son esenciales para prevenir futuros episodios de violencia y asegurar que los médicos puedan desempeñar su labor en un ambiente seguro. “No podemos permitir que quienes dedican su vida al cuidado de los demás se conviertan en víctimas de agresiones constantes. Es imprescindible que las autoridades actúen con rapidez y determinación para frenar esta problemática”, concluye el comunicado.
Un problema generalizado
Si bien los recientes incidentes en el centro de salud de La Algaba han servido como catalizador para las denuncias, la inseguridad laboral de los sanitarios es un problema que afecta a muchos otros centros en la provincia y el país. Según datos del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), las agresiones al personal sanitario han aumentado en los últimos años, especialmente tras la pandemia de COVID-19, cuando las tensiones y demandas en el sistema sanitario alcanzaron niveles sin precedentes.
La repetición de estos episodios violenta no solo refleja una falta de respeto hacia los profesionales, sino también una necesidad urgente de reforzar los recursos y la formación para prevenir y manejar situaciones conflictivas. Es básico generar conciencia pública sobre este problema, así como destinar los recursos necesarios para garantizar que ningún médico o profesional sanitario tema por su seguridad mientras realiza su trabajo.
El caso de La Algaba no debe quedar como una anécdota más en las estadísticas, sino como una llamada de atención sobre la necesidad de proteger a quienes cuidan de nuestra salud.
