Tres años después, el escándalo de las acusadas por trato vejatorio en las residencias de ancianos en Sevilla sigue sin juicio por una huida
La exdirectora de dos residencias sevillanas sigue en paradero desconocido y el juicio por maltrato a ancianos se retrasa
El proceso judicial contra las dos directoras y una empleada de tres residencias de ancianos en Carmona y Alcalá de Guadaíra, acusadas de dispensar un trato vejatorio a los mayores en plena pandemia, continúa sin fecha para juicio.
La causa, que investiga presuntos delitos de maltrato, abandono y falsedad documental, se encuentra estancada tras la declaración en rebeldía de una de las principales acusadas.
La exdirectora M.V.R., que dirigió los centros La Alegría en Carmona y San Lorenzo en Alcalá, no ha podido ser localizada por la Justicia. El juez instructor ha dictado un auto de detención para que, una vez localizada, se le notifiquen las resoluciones judiciales pendientes, como el auto de procesamiento y la apertura de juicio oral. Se cree que la mujer podría residir en Torrent (Valencia), aunque oficialmente se encuentra en paradero desconocido.
El Juzgado de Carmona, ahora renombrado como plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, ha decretado el sobreseimiento provisional del caso respecto a esta acusada, una medida formal que solo suspende temporalmente el procedimiento hasta que sea hallada.
La Fiscalía solicita para ella seis años de prisión, además de responsabilidades económicas por los daños causados a las víctimas.
En el auto, fechado el 19 de noviembre, el juez recuerda que esta suspensión “no supone merma alguna del derecho a la tutela judicial efectiva”, y que, una vez sea localizada, se reanudarán todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Condiciones indignas en plena pandemia
El caso investiga los hechos ocurridos entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, en los momentos más críticos de la pandemia del coronavirus, cuando las restricciones y el miedo al contagio marcaban la vida en las residencias de mayores.
Según la acusación particular, representada por el abogado José Luis Escañuela, los ancianos fueron sometidos a condiciones de higiene “nefastas”, alimentación inadecuada e incluso la administración de medicamentos caducados.
El relato judicial añade que algunos residentes llegaron a dormir sin sábanas ni mantas, en espacios donde faltaba personal y se incumplían las medidas sanitarias básicas. También se habrían producido traslados entre residencias sin respetar las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias.
Las tres investigadas deberán responder por presuntos delitos de trato degradante, abandono, falsedad documental, desobediencia y contra la salud pública. Dos de ellas —una directora y una empleada del centro Santa Ángela, también en Alcalá— se encuentran localizadas y notificadas, por lo que el juzgado estudia la posibilidad de celebrar el juicio solo con ellas si la principal acusada continúa desaparecida.
Posible división del juicio y prescripción
El magistrado ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la conveniencia de celebrar uno o dos juicios separados: uno para las dos acusadas localizadas y otro para M.V.R. si continúa en rebeldía. Esta decisión podría evitar un mayor retraso en un procedimiento que se ha extendido ya durante más de tres años.
El mismo auto judicial fija además una fianza de 40.000 euros para la acusada ausente, con el fin de garantizar las posibles indemnizaciones derivadas del caso. En caso de no abonarla, el juez ordenará el embargo de bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha suma.
El documento también advierte que la causa podría prescribir en diciembre de 2029, cinco años después de la apertura del juicio oral. Si para entonces no se ha localizado a la exdirectora, el sobreseimiento podría convertirse en definitivo e irreversible.
Una causa abierta por la dignidad de los mayores
El proceso judicial representa una de las investigaciones más significativas en Andalucía sobre presunto maltrato institucional a personas mayores durante la pandemia. Las asociaciones de familiares de usuarios de residencias han lamentado los retrasos y reclaman que el caso no quede impune.
Mientras tanto, el Juzgado de Carmona mantiene activa la orden de detención y emplaza a la exdirectora a comparecer en el plazo de tres días hábiles desde su localización. Su colaboración con la Justicia, aunque tardía, será fundamental para que el proceso pueda avanzar y las víctimas encuentren finalmente una respuesta judicial a los hechos denunciados.