Tiroteo en Isla Mayor, la Policía interviene 700 kilos de hachís, policía gravemente herido y crece la tensión por la falta de medios
700 kilos de hachís, un fusil AK-47 y un agente herido, el día que Isla Mayor se convirtió en zona de guerra
La Policía Nacional ha intervenido unos 700 kilos de hachís tras el tiroteo ocurrido el pasado sábado en Isla Mayor (Sevilla), en una operación contra el narcotráfico que ha dejado a un agente del grupo Greco gravemente herido.
El suceso, que ha puesto de nuevo el foco en la violencia de las redes criminales y en la escasez de recursos de las fuerzas de seguridad, ha desatado además una fuerte polémica política encabezada por el sindicato policial Jupol, que exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Según fuentes policiales, los hechos se produjeron cuando varios agentes del Greco y de la Unidad Aérea de la Policía (UAP) vigilaban una nave industrial utilizada como guardería de droga.
En el momento en que los narcotraficantes descargaban un alijo de hachís, se desató un violento intercambio de disparos. Los delincuentes, atrincherados tras una furgoneta tipo pick up, abrieron fuego con un fusil AK-47, dejando malherido a un agente.
Durante los registros posteriores, se hallaron los 700 kilos de hachís y dos vehículos robados, aunque hasta el momento no se ha producido ninguna detención. La investigación sigue abierta y se centra en identificar y capturar a los autores materiales del ataque.
El sindicato Jupol exige la dimisión de Marlaska
El grave suceso ha provocado una oleada de indignación dentro de la Policía Nacional. El sindicato Jupol, mayoritario en el cuerpo, responsabiliza directamente al Ministerio del Interior de la situación que viven los agentes en el sur de España.
En un comunicado, el sindicato ha exigido la dimisión inmediata de Grande-Marlaska, al considerar que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, bajo el que se enmarcaba la operación, “es un fracaso absoluto que solo sirve para maquillar cifras mientras los policías mueren desprotegidos”.
“Estamos con nuestro compañero herido y con todos los policías que cada día arriesgan su vida en condiciones inaceptables, fruto de la dejadez política”, señala el comunicado. Jupol sostiene que lo ocurrido en Isla Mayor no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de “una falta de medios, planificación y compromiso real con la lucha contra el narcotráfico”.
“El narco campa a sus anchas en España. El Estado ha perdido el control y nuestros agentes actúan sin chalecos adecuados, sin cascos y sin vehículos blindados”, denuncia el sindicato, que acusa al Gobierno de “abandonar a los policías en el campo de batalla”.
Una “situación límite” para los agentes de la Policía
Jupol ha alertado de la “situación límite” en la que trabajan las unidades destinadas a zonas de alto riesgo. En el caso de Sevilla, aseguran que el GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad) no dispone de ningún vehículo blindado, pese a intervenir en operaciones con alto nivel de peligrosidad.
“Es inaceptable que una unidad de élite trabaje sin blindaje antibalas”, lamenta el sindicato, que también denuncia la falta de cascos y escudos balísticos adecuados, así como la retirada de chalecos antibalas caducados sin dotación de reemplazo.
En la provincia de Cádiz, explican, los agentes están viendo cómo se les retiran los chalecos sin recibir nuevos, lo que consideran una irresponsabilidad grave por parte del Ministerio. “Los policías nacionales no pueden seguir yendo al combate con material obsoleto. Mientras los narcos se arman con fusiles de guerra, el Estado nos deja sin protección”, denuncia el comunicado.
“El ministro ha perdido el respeto de los policías”
La presión sobre el ministro Grande-Marlaska continúa creciendo. Según Jupol, el titular de Interior “ha perdido el respeto de los policías y de la sociedad”. El sindicato reclama un Ministerio del Interior que proteja a sus agentes, y no que los exponga “a morir en la calle”.
Además, pide un endurecimiento de las penas para los delitos vinculados al narcotráfico, más medios humanos y materiales, y la declaración de Zona de Especial Singularidad para las áreas más afectadas por este fenómeno, especialmente en Andalucía. También exigen una jubilación digna para los agentes del régimen de clases pasivas.
“Cada operativo es una ruleta rusa. No queremos medallas ni homenajes tras cada tragedia, queremos volver vivos a casa”, concluye el comunicado.