Silencio, culpa y tardanza, el colegio de Sandra Peña responde al suicidio con un comunicado que indigna a su familia
La familia de Sandra Peña acusa al colegio Irlandesas de Loreto de intentar «lavar su imagen» tras el suicidio de la menor
La familia de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre en Sevilla, ha acusado al colegio Irlandesas de Loreto de intentar “lavar su imagen” con un comunicado que resulta “tardío” que, según denuncian, elude asumir responsabilidades en el caso.
El portavoz de la familia y tío materno de la menor, Isaac Villar, lamentó profundamente que el centro educativo no haya reconocido errores en su gestión, pese a las alertas de acoso escolar comunicadas por la madre de la joven semanas antes del suceso.
Según relatan los familiares, la madre de Sandra acudió en dos ocasiones a la dirección del colegio para informar de los insultos y burlas que su hija sufría por parte de un grupo de compañeras.
Aunque el centro separó a las alumnas implicadas en diferentes aulas, no registró la denuncia en la plataforma Séneca, un paso inexcusable y obligatorio para que la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía tuviera conocimiento y actuara. Esa omisión impidió que las autoridades educativas intervinieran antes de la tragedia.
La Junta de Andalucía no tuvo constancia del caso hasta el 15 de octubre, un día después de la muerte de la menor. Sandra se arrojó desde la azotea del edificio en el que vivía, situado en la calle Rafael Laffón, a pocos metros del centro donde cursaba sus estudios.
Un comunicado del colegio “sin autocrítica”
El comunicado emitido por el colegio Irlandesas, difundido días después del suicidio, pedía una “profunda reflexión” sobre el acoso escolar y defendía los protocolos internos del centro. Sin embargo, para la familia, esas palabras llegan demasiado tarde.
“Este comunicado llega tarde, muy tarde. Nos piden reflexionar a todos, pero ellos no han entonado ningún ‘mea culpa’. No hemos oído que digan ‘no lo hicimos bien’ en el caso de mi sobrina”, declaró Isaac Villar, quien cuestionó la falta de autocrítica del centro.
Los familiares sostienen que el texto del colegio “no dice nada” y se asemeja a un “decálogo de buenas prácticas” con el que el centro busca recomponer su reputación pública e imagen tras lo ocurrido. “Ojalá cumplan las medidas que prometen para que no se repita, pero sentimos que el comunicado solo intenta limpiar su imagen”, añadió Villar.
La posición del colegio Irlandesas
En su nota oficial, el centro manifestó estar “profundamente consternado” por el fallecimiento de la alumna y aseguró estar “comprometido con la prevención y detección temprana” de cualquier situación que afecte al bienestar del alumnado. Pero su inacción condena colegio, es una evidencia.
Afirmó también haber fortalecido sus protocolos internos y se puso a disposición de las autoridades que investigan los hechos.
El colegio anunció un plan de revisión interna de sus procedimientos y la intención de solicitar apoyo a especialistas externos en psicología y servicios sociales para mejorar la atención a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad.
Igualmente mencionó la necesidad de abordar el impacto de los ecosistemas digitales en la salud mental juvenil, en referencia a los contenidos que circulan en redes sociales sobre el caso y a las amenazas recibidas por algunas alumnas señaladas como presuntas acosadoras, que actualmente siguen las clases de manera telemática por motivos de seguridad.
El centro expresó su deseo de “abrir un espacio de diálogo” con familias, instituciones y expertos, y defendió la idea de una “respuesta unánime y contundente” ante el acoso escolar, una respuesta que fue efectiva ni se vio por parte de este centro en el caso de Sandra Peña.
Por qué se deberían tomar acciones legales contra el colegio y debería dimitir su director
Juristas consultados por el entorno familiar consideran que el colegio Irlandesas de Loreto podría haber incurrido en negligencia administrativa al no registrar oficialmente las denuncias de acoso en la plataforma Séneca.
Este procedimiento es obligatorio para activar los protocolos de intervención de la Junta de Andalucía y garantizar la protección del menor. La omisión, sostienen, podría haber impedido que las autoridades actuaran a tiempo para prevenir el desenlace.
Más allá de la falta de transparencia y de comunicación inmediata con la familia agrava, según los abogados, la responsabilidad ética de la dirección.
Es por ello por los que algunos sectores reclaman la dimisión de la dirección del centro y la revisión del plan antiacoso, al considerar que no se aplicaron las medidas oportunas cuando se detectaron los primeros indicios.
El caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía de Menores y la Policía Nacional, que ha tomado declaración a varios estudiantes y analiza el teléfono móvil de la víctima.
La familia, representada por los abogados José Manuel Roales Fernández y Verónica Ruiz Dávila, ejercerá la acusación particular con el objetivo de esclarecer si hubo omisiones institucionales que contribuyeron al desenlace fatal.