Sevilla se llena de pisos okupados a la venta, el fenómeno que ya compite con el mercado legal
El mercado inmobiliario de Sevilla convive con la venta de pisos okupados: un síntoma de la crisis habitacional en España
El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una carrera de fondo marcada por la escalada de precios, la escasez de oferta y la creciente ocupación ilegal de inmuebles.
En ciudades como Sevilla, el fenómeno se ha normalizado hasta el punto de que cientos de pisos se anuncian en los principales portales inmobiliarios pese a encontrarse ocupados, dirigidos en muchos casos a inversores dispuestos a asumir el riesgo con la expectativa de obtener rentabilidad a largo plazo.
Según datos recientes de Idealista, la capital andaluza cerró el último trimestre de 2025 con 480 viviendas okupadas a la venta, lo que la sitúa como la cuarta ciudad de España con más inmuebles en esta situación, solo por detrás de Madrid (857), Barcelona (787) y Murcia (509).
Estas propiedades representan el 6,5% del total de la oferta en venta en la ciudad, una cifra que, aunque supone una caída del 14% respecto al trimestre anterior, evidencia la magnitud del problema.
Sevilla, entre las ciudades con mayor incidencia
El peso de las viviendas okupadas en la oferta sevillana coloca a la ciudad como la séptima capital española con mayor incidencia. Por delante se sitúan Tarragona (8,5%), Girona (8,1%), Huesca (7,8%), Murcia (7,2%), Almería (6,8%) y Huelva (6,5%).
En términos prácticos, casi siete de cada cien viviendas anunciadas en Sevilla están ocupadas ilegalmente, una proporción muy superior a la de grandes urbes como Madrid (2,4%) o Barcelona (3,1%).
El fenómeno afecta a barrios populares y con necesidades sociales como Los Pajaritos, Rochelambert, La Plata, Palmete, Torreblanca o San Jerónimo, aunque también se registran casos en zonas más consolidadas como Triana, Nervión o el Centro. La tipología de los inmuebles es diversa y pueden ser desde pequeños pisos en planta baja hasta viviendas de tres y cuatro habitaciones.
A finales de enero de 2026, los anuncios activos se habían reducido a 252 viviendas okupadas, con precios que van desde los 10.000 euros en zonas periféricas hasta los 447.000 euros por un piso en la Alfalfa.
La mayoría se anuncian con mensajes explícitos como “ocupada ilegalmente por terceros” o “no se pueden realizar visitas”, y suelen carecer de fotografías interiores, lo que refleja la opacidad de este mercado.
La okupación, un fenómeno que se consolida
Según los expertos, el aumento de inmuebles ocupados en venta demuestra que la okupación “ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural”.
Los propietarios se ven obligados a vender con pérdidas debido a la falta de seguridad jurídica y a la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse durante meses o incluso años.
Las agencias que gestionan estos pisos proceden en su mayoría de otras provincias, especialmente de Madrid, Barcelona y la Costa del Sol, lo que refuerza la tendencia de tratar estas propiedades como productos financieros más que como viviendas habitables.
España ocupa el puesto 22 de 37 países en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, según la Property Rights Alliance y el Instituto de Estudios Económicos, lo que evidencia una protección débil de la propiedad privada en comparación con otros países europeos.
Los propietarios se enfrentan a procesos judiciales lentos, normas poco disuasorias y compensaciones insuficientes, especialmente en los casos de inquilinos que dejan de pagar o permanecen en la vivienda tras finalizar el contrato —los llamados inquiokupas—. Esta situación no solo desincentiva la inversión privada, sino que reduce la oferta de alquiler y presiona aún más los precios del mercado.
En este contexto, la venta de pisos okupados se ha convertido en un síntoma de una crisis estructural que va más allá de la okupación en sí: refleja un modelo inmobiliario tensionado, donde el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad entran en conflicto ante la falta de soluciones efectivas.
“La normalización de la venta de viviendas okupadas no debe asumirse como inevitable”, advierte un experto, como una alerta social sobre la necesidad de reforzar la seguridad jurídica, proteger al pequeño propietario y recuperar la confianza en el mercado residencial. Solo así, dice, será posible aliviar una crisis que amenaza con cronificarse en ciudades como Sevilla.