El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido poner fin al servicio de patinetes eléctricos de alquiler en la ciudad una vez termine la Semana Santa. La Gerencia de Urbanismo notificará en los próximos días a la empresa Voi Technology, único operador hasta la fecha, la resolución que anula su autorización para explotar los 1.000 vehículos desplegados por las calles hispalenses. La medida, que será aprobada este martes en la comisión ejecutiva de Urbanismo, responde tanto a cuestiones legales como a preocupaciones de seguridad ciudadana.
La decisión se sustenta en dos informes elaborados por el servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana, donde se concluye que la exclusividad otorgada a Voi vulnera los principios de libre competencia recogidos en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Esta normativa establece que los proyectos piloto no pueden tener carácter indefinido ni ser monopolizados por un único operador, ya que ello limita el acceso a la actividad económica en igualdad de condiciones. La Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía había advertido además de la necesidad de promover la concurrencia en los procesos públicos, evitando restricciones que perjudiquen a consumidores y empresas.
Sin embargo, más allá de las cuestiones legales, el consistorio ha hecho especial hincapié en los problemas derivados del uso de los patinetes eléctricos en la ciudad. Según explicó recientemente el alcalde, José Luis Sanz, la baja utilización del servicio, sumada a la elevada tasa de accidentes y las infracciones cometidas por los usuarios, han motivado la necesidad de replantear su presencia en el espacio urbano.
Número creciente de accidentes
Los datos recabados por los servicios municipales alertan de un número creciente de accidentes de tráfico vinculados a los patinetes, muchos de ellos con heridos, tanto entre conductores de los dispositivos como entre peatones. Entre las principales infracciones detectadas figuran la circulación en zonas peatonales, el uso de los vehículos por parte de menores sin casco y la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Estas conductas no solo han generado problemas de seguridad, sino también quejas vecinales por la ocupación indebida de aceras y espacios públicos.
A partir de la notificación oficial, la empresa Voi tendrá un plazo de siete días para finalizar el servicio y un mes para retirar toda la flota de las calles sevillanas, siguiendo un procedimiento logístico similar al que se aplicó durante su despliegue inicial. El acuerdo aprobado hoy revoca la autorización otorgada en marzo de 2023, que preveía mantener el servicio hasta marzo de 2025, momento en el que se esperaba lanzar una nueva licitación pública.
Nuevo proceso competitivo
Desde Urbanismo consideran que es necesario abrir un nuevo proceso competitivo que permita la entrada de varios operadores, bajo un modelo regulado que garantice mejores condiciones de servicio, mayor seguridad y el respeto de la libre competencia. Como referencia, los técnicos citan el caso de Málaga, donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya intervino para impedir la adjudicación en exclusividad del servicio de micro-movilidad a un solo proveedor.
La empresa Voi, por su parte, ha anunciado que agotará todas las vías legales disponibles para tratar de revertir la decisión. Fuentes de la compañía defienden que su servicio ha contribuido a ofrecer una alternativa sostenible de transporte urbano y lamentan que se dé marcha atrás en un modelo de movilidad que consideran esencial para la transición ecológica.
Mientras tanto, los usuarios habituales del servicio deberán buscar alternativas de transporte a partir de la próxima semana, en un contexto en el que Sevilla apuesta por reforzar su red de transporte público y fomentar medios de movilidad más seguros y regulados.
