A partir del 1 de abril, los hogares sevillanos tendrán que enfrentarse a una nueva tasa de gestión de residuos, impuesta por normativa estatal y europea. Esta medida, que busca mejorar el reciclaje y la gestión de basuras, supondrá un incremento de 4,6 euros mensuales para una familia tipo de cuatro miembros, lo que equivale a 9,2 euros en la factura bimensual del agua que emite Emasesa.
La nueva ordenanza fiscal establece que las viviendas sin contador de agua o red de saneamiento municipal tendrán un coste fijo trimestral de 8,27 euros. Esta tasa tiene como objetivo recaudar 19,6 millones de euros en 2025, necesarios para cubrir el sobrecoste de los residuos no reciclados que se destinan al vertedero. En años sucesivos, con la aplicación anual completa, la cifra ascenderá a 26,19 millones.
Un marco legal obligatorio
La tasa forma parte de la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados, que traspone directivas europeas y establece objetivos de reciclaje exigentes para 2025. Actualmente, Sevilla está lejos de cumplir las metas de reciclado: solo el 10% de los residuos urbanos deberían terminar en vertederos para 2035, pero hoy la gestión de residuos sigue siendo deficiente, con el contenedor marrón de biorresiduos apenas utilizado.
El incumplimiento de estas metas podría llevar a sanciones de la Unión Europea, incluidas restricciones al acceso a fondos comunitarios para las administraciones locales.
Tarifas para todos los sectores
La nueva tasa contempla diez tarifas específicas según el tipo de inmueble o actividad. Las viviendas residenciales son la tarifa 1, mientras que locales comerciales, centros educativos, hospitales y grandes superficies tienen tarifas ajustadas según su actividad y superficie. Por ejemplo, los locales de ocio y hostelería, además de su superficie, deben incluir terrazas y veladores autorizados.
En el caso de alojamientos turísticos y viviendas con fines turísticos, el importe varía según el número de plazas y la categoría de la calle en la que se ubiquen. Hoteles de cinco estrellas pagarán 3,97 euros por plaza trimestral, mientras que los apartamentos turísticos en calles de menor categoría abonarán entre 0,99 y 2,48 euros.
Reducciones y medidas compensatorias
La ordenanza prevé bonificaciones en casos de vulnerabilidad social, con reducciones de hasta el 100% para familias en riesgo de exclusión. Además, se contemplan descuentos por el uso de puntos limpios o servicios de recogida de muebles, que pueden alcanzar un máximo del 5% anual. Las actividades comerciales que entreguen bolsas biodegradables también podrán beneficiarse de un descuento del 10%.
¿Cómo se destinará la recaudación?
Los fondos recaudados financiarán mejoras en la gestión de residuos, como el pago de impuestos sobre el depósito en vertederos, la creación de infraestructuras de reciclaje, campañas de sensibilización y la vigilancia del cumplimiento de la normativa. Lipasam, la empresa encargada, deberá además reforzar la recogida separada de residuos como muebles, enseres y biorresiduos.
Una medida polémica
Aunque la tasa es de obligado cumplimiento, su introducción no ha estado exenta de controversia. Desde el Ayuntamiento, el gobierno municipal del PP responsabiliza al Ejecutivo central, mientras que la oposición señala la falta de políticas efectivas para cumplir los objetivos europeos. Lo cierto es que el tiempo apremia: si no se corrige el rumbo, las sanciones y el coste ambiental serán inevitables.
