La incertidumbre sobre la asistencia sanitaria de los funcionarios sigue generando malestar en Sevilla. Decenas de afectados se concentraron este jueves ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar la «desatención» de Muface y exigir una solución definitiva al conflicto que mantiene en vilo a más de 74.000 personas en la provincia. La convocatoria, respaldada por el sindicato CSIF, responde a la falta de acuerdo entre la mutualidad y las aseguradoras tras dos licitaciones fallidas.
La protesta se produce en un contexto de creciente preocupación entre los mutualistas, que temen la desaparición progresiva del modelo de asistencia sanitaria concertada. «Es inaceptable. No elegimos estar en Muface, nos obligaron, y ahora nos sentimos abandonados», criticó Carmen, una profesora jubilada de 72 años. «Tras 50 años con un historial médico en este sistema, ahora que más lo necesitamos nos dejan en una situación injusta», añadió.
La movilización, que inicialmente estaba planteada como una huelga, fue transformada en concentración para presionar al Ejecutivo a actuar antes de la fecha límite del nuevo proceso de licitación, el 5 de marzo. Desde CSIF, su presidente en Sevilla, Rosendo Martínez, subrayó que «las reivindicaciones siguen intactas: garantizar que un millón y medio de funcionarios sepan con certeza cuál será su sistema de salud». Aunque reconoció avances en las negociaciones, también cargó contra la «ineficacia del Gobierno» para resolver la situación.
Licitación fallida
El temor a una nueva licitación fallida sigue latente. «La huelga no se ha cancelado, sino que se ha aplazado», indicó Martínez, dejando claro que la presión sobre el Ejecutivo continuará hasta que haya una solución definitiva.
Entre los manifestantes, la indignación es palpable. Rafael Campanario, profesor jubilado y coordinador de la plataforma Salvemos Muface, denunció los problemas que los mutualistas enfrentan a diario: retrasos en pruebas médicas, anulaciones de consultas y listas de espera que antes no existían. «Recibimos constantes denuncias de afectados, algunos en tratamiento oncológico o con enfermedades crónicas, que están muy preocupados por la falta de certeza sobre su futuro sanitario», explicó.
La posibilidad de que los mutualistas sean absorbidos por la sanidad pública genera también inquietud. «El sistema no podría soportarlo», advirtió Campanario, en referencia a la presión adicional que supondría para los servicios públicos. Una opinión compartida por otros asistentes, como Antonio Gutiérrez y Antonio Franco, profesores jubilados que criticaron la «reducción presupuestaria» tanto en la sanidad concertada como en la pública. «Si la Seguridad Social funcionara bien, no habría problema en integrarnos, pero actualmente carece de los recursos necesarios», afirmaron.
A la espera de que concluya el nuevo proceso de licitación, los mutualistas insisten en que no dejarán de movilizarse hasta obtener garantías de estabilidad en su atención sanitaria. Mientras tanto, la incertidumbre sigue marcando el día a día de miles de funcionarios en Sevilla y en toda España.
