Por qué el Ayuntamiento de Sevilla insiste en derribar la gasolinera de Alcosa pese a la oposición de los vecinos
El alcalde de Sevilla lo deja claro: la gasolinera de Alcosa se derribará por orden judicial
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, defendió este jueves la actuación del Ayuntamiento en relación con el derribo de la gasolinera ubicada en el barrio de Alcosa, subrayando que no se trata de una decisión discrecional ni de un “capricho de Urbanismo”, sino del cumplimiento obligatorio de una sentencia judicial firme.
Según explicó, el Consistorio está legalmente obligado a ejecutar el fallo dictado por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que declaró nulo el contrato de arrendamiento del terreno donde se asienta la estación de servicio y, por extensión, la licencia concedida para su explotación.
Sanz aclaró que el derribo, previsto inicialmente para este miércoles, no pudo llevarse a cabo por falta de efectivos suficientes de la Policía Nacional, cuya presencia es necesaria para garantizar la seguridad durante la actuación.
En este sentido, señaló que el Ayuntamiento actuará de nuevo en cuanto el juzgado vuelva a fijar una fecha y se coordine con la Subdelegación del Gobierno para asegurar el dispositivo policial requerido. “Urbanismo volverá a actuar cumpliendo una sentencia judicial”, insistió el alcalde.
La reacción del regidor llega después de que alrededor de medio centenar de personas —entre trabajadores de la gasolinera, familiares y allegados— lograran paralizar el intento de derribo. Durante la mañana, los técnicos municipales de Urbanismo se personaron en el lugar acompañados por la empresa encargada de la demolición y agentes de la Policía Local.
No obstante los responsables de la estación bloquearon los accesos cruzando camiones y autobuses, lo que impidió el inicio de los trabajos. Tras varias horas de espera y ante la imposibilidad de actuar, los técnicos municipales abandonaron finalmente la zona sin ejecutar la demolición.
Desde Urbanismo se mantiene que la única forma de dar cumplimiento efectivo a la sentencia es demoler la estación de servicio y restituir el terreno a su estado original, tal y como establecen las resoluciones judiciales en casos de licencias anuladas.
El fallo considera que el contrato de arrendamiento era falso o simulado, un elemento clave que invalida todo el procedimiento administrativo posterior.
Más allá del conflicto urbanístico, el alcalde aprovechó su intervención para referirse a la situación de la Policía Local y a las consecuencias que el conflicto laboral ha tenido en la ciudad. Sanz expresó su preocupación por las semanas en las que organizadores de procesiones y eventos se han visto obligados a modificar o incluso cancelar recorridos, como ocurrió en dos ocasiones con la hermandad de las Aguas.
Agradeció el esfuerzo de los sindicatos por acercar posturas y destacó especialmente el respaldo del sindicato mayoritario, el Sppme, que permitió que la propuesta alcanzara la mesa de negociación y pueda elevarse al pleno municipal.
En este contexto, el alcalde apeló directamente a la responsabilidad de los grupos de la oposición para facilitar la aprobación de un acuerdo que permita a Sevilla contar con un plan de Navidad operativo. Aunque reconoció que no espera necesariamente un voto favorable, pidió al menos la abstención de PSOE, Podemos, IU y Vox para no bloquear una medida que considera beneficiosa para la ciudad. “No es un tema de negociación política, sino de responsabilidad”, afirmó.
Qué dice la ley de urbanismo sobre el derribo de la gasolinera
La legislación urbanística es clara cuando una licencia es anulada por sentencia firme: la Administración está obligada a restablecer la legalidad urbanística vulnerada.
En términos generales, tanto la normativa autonómica andaluza como la jurisprudencia consolidada establecen que, si una construcción carece de título habilitante válido, debe procederse a su demolición, salvo que exista una vía legal de regularización plenamente ajustada al planeamiento.
En el caso de la gasolinera de Alcosa, la nulidad del contrato de arrendamiento del suelo impide cualquier convalidación posterior de la licencia, ya que el defecto afecta a un elemento esencial del derecho a construir.
Esto convierte la demolición en un paso prácticamente ineludible desde el punto de vista jurídico. Las administraciones no pueden optar por mantener una edificación ilegal si un tribunal ha ordenado expresamente restaurar la situación previa, ya que hacerlo supondría desobedecer una resolución judicial.
Solo en supuestos muy excepcionales —como cambios normativos posteriores o la imposibilidad material debidamente acreditada— podría plantearse una alternativa al derribo.
No obstante Urbanismo sostiene que ninguna de estas circunstancias concurre en este caso, por lo que la ejecución de la sentencia pasa necesariamente por la eliminación de la estación de servicio y la recuperación del terreno conforme a su uso original.