
Nuevo ataque en la sanidad andaluza, un paciente rompe puertas y amenaza al personal en Brenes
Agresión en el centro de salud de Brenes reaviva la preocupación por la violencia contra sanitarios en Sevilla

La provincia de Sevilla vuelve a estar en el centro del debate por la seguridad del personal sanitario tras un nuevo episodio de violencia registrado en el centro de salud de Brenes.
Un individuo fue detenido este lunes por la Guardia Civil después de irrumpir de forma violenta en las instalaciones, profiriendo gritos y amenazas contra los profesionales y provocando daños materiales que obligaron al cierre temporal del centro.
Según testigos y fuentes sindicales, el hombre llegó al servicio de Urgencias en estado de gran alteración, tras haber participado presuntamente en un altercado previo en el que habría sido rociado con gas pimienta.
Tras recibir atención por parte de las sanitarias de guardia, exigió ser trasladado de inmediato a un hospital, reaccionando con una violencia extrema al no obtener la respuesta deseada.
El agresor rompió una puerta de cristal y accedió a distintas dependencias del centro con actitud amenazante. En ese momento, la médica, la enfermera y la celadora presentes tuvieron que refugiarse en una sala mientras el individuo golpeaba repetidamente la puerta e intentaba entrar por la fuerza.
El episodio se prolongó durante varios minutos, hasta que el hombre se encerró en una de las consultas y, finalmente, abandonó el edificio sin llegar a agredir físicamente al personal.
Alertadas por el equipo médico, varias patrullas de la Guardia Civil de Brenes acudieron rápidamente al lugar y procedieron a su detención. Debido a los destrozos causados, el centro sanitario tuvo que suspender la atención al público de manera temporal, derivando las urgencias a otros puntos asistenciales del área.
Condena de la agresión en Brenes
El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) ha emitido un comunicado de condena rotunda ante este nuevo caso de violencia, reiterando su rechazo absoluto a cualquier tipo de agresión, física o verbal, contra los profesionales sanitarios.
“Estos comportamientos constituyen una grave lacra que impacta no solo en los trabajadores, sino también en los pacientes y usuarios del sistema público”, ha advertido el Colegio, que ha pedido reforzar la seguridad en los centros y garantizar entornos de trabajo seguros.
Por su parte, el sindicato Satse ha denunciado que las enfermeras, especialistas y fisioterapeutas desarrollan su labor en condiciones inaceptables ante la falta de medidas efectivas de protección. La organización exige al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que actúe “de una vez por todas” para frenar una violencia que califican de “especialmente grave” en la provincia de Sevilla.
Entre las medidas reclamadas destacan la instalación de sistemas de videovigilancia, la presencia de personal de seguridad en turnos de urgencias y un protocolo claro de actuación en caso de agresión.
“Si no se adoptan medidas preventivas eficaces, estamos expuestos a que se produzcan tragedias”, advierte el sindicato, que insiste en que el SAS debe asumir su responsabilidad ante la escalada de incidentes.
El episodio de Brenes se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento de ataques al personal sanitario en Andalucía.
Recientemente, el sindicato UGT alertó de que algunos profesionales están siendo grabados durante su jornada laboral, tanto en audio como en vídeo, y posteriormente intimidados a través de redes sociales, una práctica que vulnera el derecho a la intimidad y constituye una nueva forma de acoso.
La alarma se ha intensificado tras otros sucesos recientes en la provincia, como el ocurrido la pasada semana en el centro de salud El Porvenir, donde un médico de familia fue víctima de amenazas e insultos durante una consulta urgente, según denunció el Sindicato Médico de Sevilla.
Los profesionales reclaman al SAS una respuesta firme y la puesta en marcha de protocolos unificados de protección, conscientes de que la violencia en el entorno sanitario no solo pone en riesgo su integridad física y emocional, sino que también afecta a la calidad asistencial que reciben los ciudadanos.

