'No va a haber justicia', el desgarrador grito de los padres de Daniel, el joven asesinado en Sevilla
Juicio en Sevilla por el crimen de Daniel: la familia clama por una reforma urgente de la Ley del Menor
El juicio que se celebra en el Juzgado de Menores número 3 de Sevilla ha vuelto a situar en el foco público un drama que sobrecoge a toda la provincia: la muerte de Daniel Márquez, un joven de 17 años asesinado en la madrugada del 2 de julio de 2025 en el poblado de Alfonso XIII, en La Puebla del Río.
El acusado, un adolescente de 15 años, se enfrenta a una petición de seis años de internamiento en un centro cerrado y tres de libertad vigilada, el máximo castigo previsto por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor para su franja de edad.
En la mañana de este martes, el entorno del juzgado, en la avenida de la Buhaira, se convirtió en un escenario de recogimiento y protesta.
Más de un centenar de personas acompañaron a los padres de Daniel, Manoli y Francisco José, quienes, entre lágrimas, atendieron a los medios para exigir justicia.
Ambos lamentaron que la legislación actual resulte, a su juicio, insuficiente frente a crímenes de tanta gravedad. “No va a haber justicia, porque con esta ley el castigo será ridículo”, declaró el padre.
“Es de vergüenza”, añadió la madre, sostenida por familiares y vecinos que portaban camisetas con el lema: “Cada paso que damos es un grito de justicia para Daniel”.
El caso ha desatado un profundo debate social sobre la proporcionalidad de las penas aplicadas a menores que cometen delitos graves. Manoli subrayó la paradoja que marca el caso: “Le faltaban 28 días para cumplir 16 años”.
Esa diferencia de apenas cuatro semanas implica una reducción de cuatro años en la condena máxima posible. Según el artículo 10.2 de la Ley del Menor, los jóvenes de 14 y 15 años pueden ser internados hasta cinco años por homicidio, mientras que los de 16 y 17 años pueden alcanzar ocho años.
Si concurren varios delitos, como ocurre en este proceso —el homicidio y un robo con violencia en grado de tentativa—, la pena se eleva a seis años para los más jóvenes, una cifra que los padres consideran “desproporcionadamente baja”.
El relato de los hechos, reconstruido por las acusaciones, describe un ataque súbito y brutal. Daniel regresaba a su pueblo en motocicleta cuando fue sorprendido por un grupo de jóvenes en una parada de autobús del Consorcio Metropolitano de Transporte, en el Poblado de Alfonso XIII.
Herida mortal a Daniel
Uno de ellos intentó arrebatarle el vehículo, pero el chico se resistió. En el forcejeo, el acusado lo apuñaló cerca del corazón. Herido de muerte, Daniel logró subirse a la moto e intentar huir, pero cayó a escasos 80 metros, junto a una acequia, sin posibilidad de recibir auxilio.
El presunto autor fue detenido al día siguiente. Su arresto desató un asalto contra las viviendas de su familia en la misma pedanía, reflejo del clima de indignación que recorrió La Puebla del Río e Isla Mayor.
Desde entonces, los padres de la víctima han convertido su dolor en una campaña para reclamar una reforma integral de la Ley del Menor. “O cambiamos la ley, o esto seguirá pasando”, advirtió la madre frente al juzgado, rodeada de pancartas con mensajes como “Un asesino no tiene edad” o “Si matas, no eres menor, eres asesino”.
A la concentración acudieron también familiares de otros jóvenes asesinados en circunstancias similares, como Aarón Muñoz, de Aznalcóllar, y Jesús Rosado, de Palomares del Río.
Todos ellos comparten una misma demanda: que la ley deje de ser, dicen, “una puerta giratoria para los menores que matan”.
El proceso judicial continúa y la sentencia podría conocerse en las próximas semanas.
Pero más allá del fallo, el caso de Daniel ha reabierto una herida general como es la percepción de que la justicia no siempre responde con la misma fuerza que el dolor de las víctimas.