Imagen del Hospital Virgen Macarena.
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

"Murió sin tratamiento", denuncian al SAS por un retraso de 10 meses en diagnosticar un cáncer de pulmón

Familia de un paciente fallecido por cáncer de pulmón reclama al SAS más de 500.000 euros por un retraso en el diagnóstico

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La familia de un paciente de 61 años atendido en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha presentado una reclamación patrimonial ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por presunta negligencia médica.

Reclaman una indemnización superior a 500.000 euros, al considerar que el retraso de casi un año en el diagnóstico de un cáncer de pulmón impidió aplicar cualquier tratamiento, lo que derivó en su fallecimiento en octubre del pasado año 2024.

Según la reclamación, representada por el abogado Pedro Arnaiz, especializado en Derecho Sanitario y mala praxis, la historia clínica revela que las sospechas sobre una posible patología tumoral estaban presentes desde finales de 2023.

No obstante la biopsia pulmonar —la única prueba capaz de dar un diagnóstico definitivo— no se realizó hasta diez meses después, cuando la enfermedad ya se encontraba en fase avanzada y metastásica.

Una evolución sin control del Virgen Macarena

El caso se remonta al año 2011, cuando los médicos del Hospital Virgen Macarena detectaron una masa sólida de base pleural y lesiones hepáticas en las primeras pruebas de imagen.

Si bien se diagnosticó como enfisema centrolobulillar y nódulos pulmonares bilaterales, los informes radiológicos posteriores mostraron una progresión constante de las lesiones.

En 2015, un nuevo TAC de tórax ya reflejaba un empeoramiento visible, con más nódulos y de mayor tamaño. Pero no se adoptaron medidas diagnósticas invasivas ni se estableció un seguimiento oncológico especializado.

La situación se agravó en el año 2023, cuando las pruebas evidenciaron adenopatías paratraqueales y retrocavo-pretraqueales de hasta 3,4 centímetros, compatibles con un proceso tumoral.

Pese a ello, los médicos optaron por realizar citologías y un PET-TAC, pruebas que resultaron inconcluyentes. Según la familia, fue un error no practicar una biopsia en ese momento, dado que los resultados “ya indicaban una clara sospecha de neoplasia pulmonar”.

El deterioro y el fallecimiento del paciente

La evolución del paciente fue rápida y negativa. En julio de 2024, un nuevo TAC confirmaba el aumento del número y tamaño de las lesiones pulmonares, con afectación linfática y hepática. Un mes después, un segundo PET-TAC constató la diseminación bilateral y ósea del cáncer.

En septiembre, el paciente fue ingresado por disnea y diagnosticado inicialmente de neumonía, sin que se aislara microorganismo alguno. Fue dado de alta sin diagnóstico definitivo.

No fue hasta octubre de 2024 cuando, tras un nuevo ingreso en el servicio de Neumología, se realizó finalmente una biopsia reglada que confirmó la presencia de un carcinoma no microcítico con metástasis cerebrales y pulmonares. La única opción viable era un tratamiento paliativo, que se descartó por el grave estado general del paciente.

Falleció el 30 de octubre, sin haber recibido tratamiento oncológico alguno.

El letrado Pedro Arnaiz sostiene que la actuación del SAS fue “contraria a la lex artis médica”, al no haberse actuado con la diligencia requerida tras los primeros indicios de neoplasia.

“El paciente mostró en diciembre de 2023 signos radiológicos que exigían una biopsia inmediata. El retraso de diez meses supuso la pérdida de toda posibilidad terapéutica”, indica el abogado.

La familia argumenta que el enfermo habría tenido opciones de recibir un tratamiento con intención curativa si la confirmación del diagnóstico se hubiera producido en los primeros meses de 2024.

La demanda subraya que “la demora innecesaria privó al paciente de cualquier oportunidad real de supervivencia o mejora de calidad de vida”.

La reclamación patrimonial, presentada ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, solicita una indemnización superior al medio millón de euros por los daños morales y materiales sufridos.

El caso podría derivar en un procedimiento judicial si el SAS no resuelve favorablemente la solicitud en vía administrativa.