Más de 2.000 pisos turísticos ilegales en Sevilla y el Ayuntamiento rechaza frenar licencias
Sevilla no aplicará moratoria a los pisos turísticos pese a liderar el ránking de ilegales en España
El Ayuntamiento de Sevilla ha descartado implantar una moratoria en la concesión de licencias para viviendas de uso turístico, pese que la ciudad se ha situado como la capital española con mayor número de alojamientos ilegales de este tipo.
La decisión ha sido confirmada este lunes por el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, quien subrayó que el gobierno municipal ya ha puesto en marcha diferentes medidas para frenar la proliferación de este fenómeno en la capital andaluza.
Los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, divulgados este fin de semana, sitúan a Sevilla con 2.289 pisos turísticos fuera de la legalidad, una cifra que supera considerablemente a destinos tradicionalmente asociados al turismo de sol y playa como Marbella (1.802), Málaga (1.471), Benalmádena (926) o Fuengirola (686).
De la Rosa justificó la decisión de no aplicar una moratoria, como ya han hecho otras ciudades andaluzas —entre ellas algunas costeras como Málaga y Cádiz—, asegurando que Sevilla “está actuando con firmeza”.
Según explicó, desde octubre de 2024 se han remitido a la Junta de Andalucía 1.067 expedientes de viviendas turísticas para que se inicie su cancelación.
También apuntó que el Consistorio está adoptando medidas disciplinarias directas contra los alojamientos que operan al margen de la normativa establecida, entre ellas la paralización de la actividad y los cortes de suministro de agua. “Cada vez que se detecta un uso ilegal, se actúa de manera inmediata”, afirmó el delegado.
El edil recordó también que Sevilla fue la primera ciudad de Andalucía en aprobar, en pleno municipal, un acuerdo para limitar la implantación de pisos turísticos por barrios, un paso que se dio en octubre del pasado año. Desde esa fecha, de las 271 solicitudes presentadas, 105 fueron rechazadas por localizarse en zonas consideradas saturadas.
Críticas al Gobierno central desde Sevilla
Más allá de los datos que colocan a Sevilla en el primer puesto en número de alojamientos ilegales, el delegado de Urbanismo dirigió sus críticas al Ejecutivo central.
En opinión De la Rosa, la ley estatal sobre viviendas de uso turístico “no responde a la emergencia habitacional” y “pone en riesgo el acceso al alquiler social que necesitan los ciudadanos”.
“El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a mostrar incoherencia: mientras presume de medidas para frenar la especulación, traslada a los ayuntamientos un problema que crece sin una herramienta normativa clara”, expresó el responsable municipal.
Otra de las medidas destacadas por el gobierno local fue la firma, en abril de 2025, de un convenio con el Colegio de Registradores de Andalucía. Este acuerdo permite al Ayuntamiento acceder a datos para identificar qué inmuebles están inscritos como viviendas de uso turístico.
El objetivo es cruzar información y remitir a la Junta aquellos casos que debieran ser anulados.
“Sevilla ha sido pionera en Andalucía en aplicar este sistema, que refuerza el control y nos ayuda a garantizar que quienes declaran su vivienda como turística cumplan realmente con los requisitos legales”, afirmó De la Rosa.
Con este mecanismo, las autoridades locales aseguran que pueden actuar con mayor rapidez en la detección de fraudes evitando que las viviendas turísticas ilegales se mantengan en funcionamiento durante largos periodos.
El crecimiento del turismo urbano ha convertido a Sevilla en uno de los destinos más visitados de España, lo que ha tenido un efecto directo en la expansión de las viviendas de uso turístico.
No obstante el auge de este sector ha generado también tensiones en el mercado de la vivienda tradicional, donde los colectivos vecinales denuncian un encarecimiento del alquiler y la expulsión de residentes de los barrios más céntricos.
La ausencia de una moratoria, al contrario de lo decidido en otras capitales andaluzas, mantiene abierto el debate sobre cómo equilibrar la promoción turística con la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda asequible.
El gobierno local insiste en que ya dispone de herramientas suficientes para encarar el problema, aunque los datos oficiales del Ministerio apuntan a que Sevilla concentra hoy el mayor número de pisos turísticos ilegales del país.