Madrugada de tensión en Sevilla, el Ayuntamiento ejecuta el derribo de la gasolinera de Alcosa tras la batalla judicial
Adiós a la gasolinera de Alcosa, 20 familias afectadas por el derribo ordenado por el juez
La demolición de la gasolinera del Parque Alcosa comenzó en la madrugada de este jueves, tras semanas de tensión judicial y vecinal. Un amplio dispositivo de la Policía Local de Sevilla, con el apoyo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional, ejecutó la orden judicial que declaraba nulo el contrato de arrendamiento del terreno y la licencia de actividad del establecimiento.
La intervención, que se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, puso fin a más de dos décadas de funcionamiento de una de las gasolineras más conocidas del distrito Este de la capital andaluza.
Minutos antes de la una de la madrugada, una veintena de vehículos policiales llegaron a la calle Ulpiano Blanco, donde se ubica la estación de servicio. Los agentes cortaron los accesos, precintaron el recinto y establecieron un perímetro de seguridad para permitir la entrada de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y los operarios de la empresa encargada del derribo. Las máquinas comenzaron los trabajos por el antiguo lavadero de coches, que fue el primer edificio en caer durante la operación.
En las próximas horas, está previsto el derribo de la tienda y la cafetería anexas, mientras que los surtidores y tanques de combustible serán retirados en una fase posterior, más lenta y compleja, debido a los protocolos de seguridad exigidos para manipular materiales inflamables.
Este proceso podría prolongarse varias semanas, ya que los depósitos subterráneos deben vaciarse y sellarse antes de iniciar la demolición definitiva.
La decisión judicial que ha motivado esta actuación pone fin a un largo litigio. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo declaró nulos tanto el contrato de arrendamiento como la licencia de apertura, al considerar que existían irregularidades en los títulos presentados por la empresa explotadora.
Sin ese respaldo legal, la estación de servicio quedó sin autorización para operar, obligando al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia.
No era la primera vez que se intentaba el derribo. El pasado 10 de diciembre, Urbanismo ya trató de llevarlo a cabo, pero un grupo de trabajadores, familiares y vecinos bloqueó los accesos con vehículos, logrando paralizar temporalmente la intervención.
Aquella jornada marcó un punto de inflexión ya que los empleados apelaron a los tribunales buscando una nueva suspensión, pero su recurso fue finalmente desestimado el 29 de diciembre, dejando vía libre a la actuación municipal.
Operativo desplegado de la Policía Local de Sevilla
La escena de esta madrugada fue muy distinta. El operativo policial, perfectamente coordinado, impidió cualquier intento de bloqueo. Los agentes escoltaron a los técnicos, controlaron el acceso de curiosos y, en cuestión de minutos, aseguraron toda la zona.
Solo un pequeño grupo de trabajadores y familiares acudió al lugar, impotentes al ver cómo las máquinas convertían en escombros las instalaciones donde habían trabajado durante años. Hubo lágrimas, momentos de tensión e incluso una persona que necesitó atención sanitaria por un ataque de ansiedad.
Con el cierre de la gasolinera, una veintena de personas se queda sin empleo, un golpe que los afectados consideran devastador. Muchos vecinos también lamentan la pérdida de un servicio que formaba parte del paisaje cotidiano del barrio y que contribuía a la actividad económica local.
Las imágenes del derribo son elocuentes: excavadoras reduciendo a chatarra estructuras que hasta horas antes seguían en funcionamiento, mientras el cartel luminoso del establecimiento aún mostraba los precios del combustible. Un contraste simbólico entre la vida que tuvo y el final abrupto de un espacio que fue punto de encuentro diario para cientos de conductores.
El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido la actuación como un acto de cumplimiento legal ineludible. La Gerencia de Urbanismo recuerda que la sentencia debía ejecutarse y que no existía margen para negociar, dado que la instalación carecía de validez jurídica.
El caso de la gasolinera de Alcosa se ha convertido en un ejemplo de las tensiones que pueden surgir entre las decisiones judiciales y su impacto social.
La intervención de esta madrugada cierra un capítulo controvertido en el barrio, pero abre otro como es el del futuro uso de este terreno y las posibles medidas de apoyo a las familias afectadas. En el horizonte, queda la sensación de que el cumplimiento de la ley, aunque necesario, a veces llega acompañado de un alto coste humano.