Andalucía se sumó a la vanguardia de la atención temprana en España con la aprobación de la Ley 1/2023. Esta normativa, que se une a las ya existentes en Murcia y Canarias, establece un marco legal sólido para garantizar el desarrollo óptimo de los menores andaluces con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos.
La creciente demanda de estos servicios, que se ha casi duplicado en los últimos años, ha puesto de manifiesto la necesidad de una legislación específica. El aumento del 82% en las solicitudes de valoración en las unidades de seguimiento y neurodesarrollo revela una realidad alarmante: las familias, principales detectoras de posibles dificultades en el desarrollo de sus hijos, encuentran obstáculos para acceder a una atención temprana y de calidad.
Causas de esta situación
La falta de profesionales especializados y la inadecuación de las infraestructuras impiden atender de manera oportuna a todos los niños que lo necesitan. El personal sanitario, a menudo desbordado por sus tareas, no siempre está suficientemente capacitado para identificar las señales de alerta en el desarrollo infantil. Muchas familias desconocen la existencia de los servicios de atención temprana y los criterios de acceso a los mismos.
Consecuencias de la demora en la atención
Cuanto más se retrasa la intervención, más complejo resulta corregir los trastornos del desarrollo. La incertidumbre y la falta de apoyo pueden generar un gran estrés en los padres y madres. A largo plazo, una intervención temprana resulta más rentable que atender problemas más complejos en edades posteriores.
La Ley 1/2023 representa un paso adelante, pero es necesario aumentar los recursos humanos y materiales, se precisa una mayor inversión en profesionales especializados y en equipamientos adecuados. Fortalecer la formación del personal sanitario ya que es fundamental capacitar a los profesionales para detectar precozmente los trastornos del desarrollo y derivar a los niños a los servicios especializados. Visibilizar los servicios de atención temprana pues se deben poner en marcha campañas de información para dar a conocer a las familias los recursos existentes y facilitar el acceso a los mismos.
Tiempos de espera
La disparidad en los tiempos de espera para acceder a los servicios de atención temprana en Andalucía es evidente. Mientras algunas provincias como Cádiz y Córdoba logran cumplir con los plazos establecidos en la normativa, otras experimentan demoras significativas que duplican o incluso triplican el tiempo de espera recomendado.
En concreto, Sevilla encabeza la lista con un promedio de 86 días, seguida de Jaén con 73 días. Huelva y Granada comparten un tiempo de espera de 60 días, lo que representa el doble del plazo máximo establecido de 30 días. Por otro lado, Cádiz destaca con una media de solo 7 días, seguida de Córdoba con 16, Málaga con 23 y Almería con 54.
Esta disparidad refleja una situación compleja y desigual en la que los niños y sus familias en algunas provincias se ven obligados a esperar meses para recibir la atención que necesitan. Estas demoras pueden tener consecuencias negativas en el desarrollo de los menores, dificultando su inclusión social y generando un gran estrés en las familias.
Las causas de estas diferencias pueden ser múltiples y complejas, y van desde la falta de recursos humanos y materiales hasta la organización de los servicios y la demanda existente en cada provincia. Es fundamental analizar en profundidad cada caso para identificar las causas concretas y poner en marcha las medidas necesarias para reducir los tiempos de espera y garantizar una atención temprana de calidad a todos los niños que lo necesitan.
