La polémica en torno a la condena de la actriz María León por un altercado con agentes de la Policía Local de Sevilla aún está lejos de cerrarse. Tras la sentencia del Juzgado de lo Penal número 12, que impone a la intérprete una multa económica de 5.700 euros por resistencia a la autoridad y un delito leve de lesiones, los tres agentes implicados han anunciado que recurrirán la resolución judicial al considerar que los hechos deberían haber sido tipificados como un delito de atentado contra la autoridad, con la consiguiente pena de prisión.
Según la sentencia, durante su detención en octubre de 2022, León forcejeó con los policías que intentaban reducirla, llegando a propinar un puñetazo y una patada a una agente, mientras le dirigía graves insultos. Para la magistrada, la conducta encaja dentro del delito de resistencia, pero no alcanza el nivel de gravedad del atentado, una apreciación que ha sido duramente cuestionada por los representantes legales de los agentes.
La abogada Rocío Carnerero, que ejerce la acusación particular en nombre de dos policías, sostiene que los hechos reflejan una conducta activa y violenta contra los agentes en el ejercicio de sus funciones, lo que, en su opinión, constituye un ataque directo al principio de autoridad. «No se trató de una simple negativa pasiva, sino de una agresión física en el marco de una intervención policial», ha explicado.
Por su parte, el abogado del tercer agente, César López Molina, coincide en que la actitud de la actriz no puede ser calificada como mera resistencia, sino que implica una acción lesiva con intención de obstaculizar la labor policial, lo que justificaría una pena de cárcel. Las acusaciones reclamaban inicialmente hasta dos años y un mes de prisión.
La defensa critica el proceso
La actriz, que ya ha mostrado su malestar por el tratamiento del caso, podría también recurrir el fallo. Su abogada, Carla Vall I Duran, ha calificado el procedimiento judicial de «difícil e injusto», denunciando irregularidades como la filtración de imágenes a la prensa y problemas técnicos en las pruebas presentadas, como la entrega de vídeos dañados y la ausencia de sonido en grabaciones clave.
En una publicación en redes sociales, compartida por la propia María León, la letrada denunció que se enteraron del fallo a través de los medios de comunicación, y no por vía oficial, algo que considera un síntoma más de un proceso plagado de deficiencias.
¿Atentado o resistencia?
El núcleo del debate legal gira en torno a la interpretación de los hechos probados: si la reacción violenta de la actriz al intentar zafarse de los agentes constituye una resistencia activa —penada con multa o prisión leve— o un atentado a la autoridad, delito que implica necesariamente pena privativa de libertad y una mayor gravedad penal.
La juez, en su resolución, argumenta que, si bien hubo contacto físico y una reacción agresiva, la ausencia de antecedentes penales y la reparación parcial del daño —León consignó 150 euros como indemnización— justifican la imposición de una multa en lugar de prisión. No obstante, para los agentes, la violencia ejercida y los insultos proferidos durante el incidente no pueden ser minimizados.
Será la Audiencia Provincial de Sevilla la encargada de revisar la sentencia en segunda instancia. El recurso de apelación podría modificar el fallo si el tribunal considera que hubo una infravaloración de la conducta de la acusada. De confirmarse la tesis de la acusación, María León podría enfrentarse a una condena sustancialmente más severa.
Además, los policías han anunciado que también recurrirán la absolución de los otros dos acusados en la causa, señalando que se les eximió de responsabilidad pese a su supuesta implicación en la alteración del orden durante el incidente.
Una sentencia con eco mediático
El caso ha trascendido el ámbito judicial y ha calado en la opinión pública, especialmente tras la participación de María León en un programa televisivo en el que relató el episodio como una experiencia traumática y de abuso de poder. Su testimonio, no obstante, ha sido criticado por las acusaciones, que afirman que la versión de los hechos debe dirimirse en sede judicial y no en platós de televisión.
Mientras tanto, la actriz continúa recibiendo muestras de apoyo por parte de algunos sectores culturales y sociales, que ven en este caso una oportunidad para reflexionar sobre los límites del poder policial y los derechos ciudadanos.
El recurso ante la Audiencia marcará el próximo capítulo de un caso que ha puesto en el foco mediático no solo a una figura conocida del cine español, sino también a las tensiones entre ciudadanía y fuerzas del orden en el contexto urbano.
