Los padres de Sandra Peña denuncian al colegio Irlandesas Loreto por homicidio tras su suicidio con 14 años
La familia de Sandra Peña denuncia al colegio Irlandesas Loreto por homicidio y trato degradante tras su suicidio
La familia de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre en Sevilla, ha presentado una querella criminal contra el colegio Irlandesas Loreto, al que acusan de tres delitos graves como son el de homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.
La denuncia, interpuesta este viernes en los juzgados sevillanos, señala directamente al centro educativo por su presunta omisión de los protocolos obligatorios de actuación frente al acoso escolar y la ideación suicida.
Según consta en el escrito presentado por los abogados de la familia, la madre de la joven informó al colegio en dos ocasiones distintas de que su hija estaba siendo víctima de acoso por parte de tres compañeras.
No obstante, sostienen los padres, el centro no activó los mecanismos de protección ni las medidas previstas en los protocolos antiacoso y antisuicidio, lo que, a su juicio, habría contribuido a la tragedia.
Mientras tanto, la Fiscalía de Menores mantiene abierta la investigación sobre las tres presuntas acosadoras. En paralelo, los progenitores de Sandra han decidido ampliar su acción legal, centrando ahora el foco en la presunta responsabilidad institucional del colegio, al entender que su pasividad puede ser constitutiva de delitos graves por omisión.
El homicidio, según el Código Penal español, puede castigarse con penas de diez a quince años de prisión, incluso si se produce por omisión, es decir, cuando una persona —o institución— deja de actuar pese a estar jurídicamente obligada a hacerlo.
Si la conducta se considera imprudente, la pena se reduce a entre uno y cuatro años de cárcel, y en caso de deber profesional, podría acarrear además una inhabilitación de tres a seis años para el ejercicio de cargos o profesiones relacionadas.
Responsables en el colegio de las Irlandesas de Loreto
En el caso de lesiones psíquicas, el castigo varía entre tres meses y tres años de prisión, mientras que el trato degradante, definido como aquel que menoscaba la integridad moral de la víctima, conlleva penas de seis meses a dos años de cárcel.
Aunque no se ha especificado a qué personas concretas del colegio se dirige la querella, en la causa ya han declarado ante la Fiscalía cuatro miembros del personal del centro: el director, la jefa de estudios, la tutora de Sandra y la orientadora escolar.
Todos ellos afirmaron que el colegio sí adoptó medidas de seguimiento y acompañamiento, aunque admitieron que el expediente no fue registrado en la plataforma Séneca, el sistema oficial de gestión académica de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.
Dos días después del suicidio, la Junta emitió un comunicado contundente en el que anunció que elevaría el caso a la Fiscalía, al considerar que el colegio no cumplió con la obligación de activar los protocolos correspondientes.
El documento subrayaba la gravedad de la omisión, recordando que la normativa educativa andaluza impone la intervención inmediata ante cualquier indicio de acoso o riesgo autolítico.
La consejera de Educación, Carmen Castillo, tiene previsto reunirse el próximo 14 de enero con los padres de Sandra Peña, que solicitaron un encuentro a finales del año pasado. Según fuentes de la Junta, el objetivo de la reunión será “escuchar a la familia y revisar los procedimientos aplicados por el centro y la administración”.
El caso ha reabierto el debate sobre la eficacia de los protocolos escolares de prevención del acoso y la necesidad de una mayor rendición de cuentas por parte de los centros educativos ante situaciones de riesgo psicológico en menores.
Organizaciones de protección infantil y expertos en educación reclaman que se refuercen los mecanismos de detección y acompañamiento emocional en los colegios, sobre todo ante señales de sufrimiento reiterado o aislamiento social.