Lo que el informe del Defensor del Pueblo Andaluz revelará sobre el acoso que llevó a Sandra Peña al límite
El Defensor del Pueblo Andaluz pide “entrenar los protocolos” tras el suicidio de la menor Sandra Peña
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha subrayado que las conclusiones de la investigación sobre el caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida tras sufrir presuntamente acoso escolar, estarán dirigidas a “evitar que haya más sangre”.
El Defensor ha aclarado que su informe no será sancionador, pues su papel no es el de la Fiscalía ni el de la Consejería de Educación, sino el de analizar qué ha fallado en el sistema y cómo prevenir que vuelva a ocurrir.
Durante la inauguración de la jornada “Construyendo bienestar: La infancia en el centro de las políticas de vivienda y empleo”, organizada junto a Save the Children Andalucía, Maeztu defendió la necesidad de revisar con rigor los protocolos educativos frente al acoso escolar.
“Tengo que ver qué ha ocurrido, qué ha fallado y qué no debe fallar, por qué no se han activado los protocolos”, aseveró.
El Defensor explicó que ya ha mantenido encuentros con la familia de la menor y ha visitado en dos ocasiones el centro educativo donde estudiaba Sandra para reunirse con el director, la tutora y la orientadora. A partir de esos contactos, ha recabado información clave para elaborar un informe que determine los errores del sistema de prevención y actuación.
Maeztu propone que los protocolos se entrenen de forma periódica, al menos tres o cuatro veces al año, para garantizar su eficacia real. “Si en los recreos ocurre algo, tiene que haber profesores preparados para actuar. Y, sobre todo, hay que aprender a detectar los primeros indicios de que un niño o una niña está sufriendo”, advirtió.
El Defensor del Pueblo Andaluz insistió en que su misión no se centra en las responsabilidades penales o disciplinarias, sino en el futuro. “Mi objetivo es decir a la Consejería: esto podríamos evitarlo. No quiero que haya más Sandra, quiero que los protocolos funcionen y se practiquen, igual que en el fútbol: si no se entrena, al equipo le meten siete goles”.
En relación con el impacto social del caso, Maeztu lamentó que el colegio donde estudiaba la menor haya sido objeto de ataques en redes sociales, calificándolo de “maldito” y provocando que “700 alumnos no puedan acudir con normalidad al centro”. “Un acoso no se combate con otro acoso”, indicó.
Igualmente reiteró que su informe no será público, con el fin de proteger la identidad y la intimidad de los menores implicados.
El Defensor adelantó que trasladará a la Consejería una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la detección temprana del acoso, mejorar la formación del profesorado y garantizar un clima escolar seguro.
“Daré los consejos necesarios e informaré a la administración sobre las medidas preventivas adecuadas. Lo disciplinario o penal no me corresponde a mí, pero sí puedo ayudar a que no vuelva a suceder”, finalizó.
Las consecuencias de ignorar los protocolos de acoso escolar
El caso de Sandra Peña ha vuelto a poner en el centro del debate la importancia de aplicar los protocolos antiacoso con rigor y mucha responsabilidad. Cuando un centro educativo no actúa ante las señales de acoso, no solo incumple sus deberes legales, sino que expone a las víctimas a un daño psicológico irreversible que, en los casos más graves, puede desembocar en suicidio.
Ignorar los protocolos supone un gravísimo error institucional que puede derivar en responsabilidades para el centro y para el personal docente, sobre todo si se demuestra que existían indicios previos y no se actuó conforme a la normativa.
En Andalucía, la Consejería de Educación contempla sanciones administrativas y la apertura de expedientes en situaciones donde haya omisión de deber de vigilancia o de actuación.
Por otra parte, los alumnos implicados en casos de acoso que terminan en tragedia pueden enfrentarse a consecuencias académicas y judiciales, sobre todo cuando son mayores de 14 años y, por tanto, responsables penalmente ante la ley.
En tales circunstancias, la justicia puede intervenir aplicando medidas socioeducativas, terapéuticas o de reeducación, según la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.
Pero más allá de las sanciones, el daño emocional para los compañeros y compañeras es profundo. Compañeros, familias y docentes conviven con un sentimiento de culpa y vacío que puede durar años. Por eso, expertos como Maeztu insisten en que la prevención y la detección temprana son el único camino eficaz.
“Un protocolo no sirve si está guardado en un cajón”, indican los especialistas en convivencia escolar. De ahí la urgencia de entrenar, revisar y aplicar estos mecanismos cada curso, para que ningún niño o niña vuelva a sentirse solo frente al acoso.