Libertad con cargos para Rafael Pineda y su esposa tras la operación de la Guardia Civil en Sevilla
El caso Emvisesa sacude Sevilla: libertad con cargos para los cinco detenidos
La Pilar Ordóñez, titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, ha decretado la libertad con cargos de los cinco detenidos en el marco de la investigación sobre la venta de una parcela municipal de Emvisesa, adquirida y revendida en un breve plazo con una importante revalorización.
Entre los investigados se encuentra el Rafael Pineda, su esposa Olga P., y tres personas más vinculadas a la operación urbanística. Todos ellos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la magistrada.
La decisión judicial llega tras una compleja actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que practicó los arrestos en relación con la compraventa de un solar público adjudicado a la sociedad Higuerón Real Estate, propiedad de la esposa de Pineda.
La empresa adquirió la parcela por 1,7 millones de euros y la vendió apenas cinco meses después por casi cuatro millones, operación que ha despertado las sospechas de los investigadores por su posible vínculo con delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la juez ha impuesto un amplio conjunto de medidas cautelares para garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso.
Entre ellas, la prohibición de disponer de bienes inmuebles y muebles tanto de los cinco investigados como de las empresas de las que son administradores, además del bloqueo y embargo preventivo de todas las cuentas bancarias a su nombre o al de las sociedades implicadas.
Estas disposiciones pretenden asegurar el patrimonio en caso de que se confirmen los indicios de delito.
Durante las comparecencias judiciales, los investigados optaron por no declarar, amparándose en su derecho constitucional.
El abogado defensor Alberto Castejón, representante de Rafael Pineda y su esposa, expresó su desconcierto por la forma en que se ha desarrollado la operación policial.
Castejón señaló ante los medios que "resulta sorprendente que se haya procedido a la detención de personas que llevan más de seis meses personadas en unas diligencias previas y en las que no se ha aportado ningún elemento nuevo".
El letrado añadió que la defensa analizará la documentación presentada por la UCO, que, según afirmó, "no contiene información novedosa, sino que se limita a reiterar los elementos ya incluidos en la investigación inicial".
Una vez revisado el material, explicó, sus clientes valorarán la posibilidad de ofrecer declaración formal ante la juez instructora.
Detenidos por la trama de Emvisesa en Sevilla
Los cinco detenidos fueron trasladados a los juzgados de Guardia de Sevilla alrededor de las diez de la mañana, conducidos desde la Comandancia de Montequinto en dos furgones de la Guardia Civil, tras haber pasado la noche en los calabozos.
La llegada de los vehículos al edificio judicial se produjo por un acceso reservado, lo que impidió a los medios gráficos obtener imágenes de los implicados.
La operación policial, desarrollada bajo estricta reserva, ha implicado también la detención de dos antiguos socios de la esposa de Pineda y de un ex trabajador de Emvisesa, quien habría recibido un pago de 78.650 euros de la empresa de Olga P.
Según fuentes próximas a la investigación, existen además otras personas citadas a declarar como investigadas, aunque no fueron arrestadas.
Los registros y detenciones practicados se enmarcan en un informe reciente remitido por la Guardia Civil al juzgado instructor, en el que se apuntan indicios de que Rafael Pineda habría intermediado ante distintas administraciones públicas a cambio de contraprestaciones económicas.
Dentro de este marco, los agentes detectaron movimientos sospechosos vinculados a las actividades empresariales de su esposa y a la operación urbanística que dio origen al caso.
La causa, que permanece bajo secreto de sumario, continúa abierta y bajo seguimiento directo de la juez Ordóñez, quien deberá determinar en las próximas semanas si los indicios aportados por la investigación son suficientes para formular imputaciones formales contra los cinco investigados y contra posibles nuevos implicados en la trama.