Las presuntas acosadoras de Sandra ya han declarado, así avanza la investigación por su muerte en Sevilla
La Junta de Andalucía ha abierto un expediente administrativo al colegio con el objetivo de depurar responsabilidades
La investigación por la muerte de Sandra Peña Villar, la joven sevillana de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre, se encuentra en su recta final.
El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional ha concluido las diligencias iniciales y ha remitido su informe completo a la Fiscalía de Menores de Sevilla, que mantiene abiertas dos líneas de investigación: una centrada en las presuntas acosadoras de la menor y otra en la actuación del colegio Irlandesas de Loreto, donde la adolescente estudiaba.
Las tres jóvenes investigadas por el supuesto acoso fueron citadas a declarar a finales de octubre. Según fuentes del caso, una de ellas se acogió a su derecho a no declarar, mientras que las otras dos respondieron a las preguntas de los agentes.
Paralelamente más de una decena de compañeros de clase también comparecieron ante el Grume para detallar los episodios de acoso que, según los testimonios, se habrían producido en el entorno escolar.
La madre de Sandra había alertado en dos ocasiones al director del centro educativo sobre el hostigamiento que sufría su hija. A pesar de ello, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha confirmado que el colegio no activó el protocolo antiacoso, limitándose a separar a las alumnas implicadas, una medida que resultó insuficiente.
El teléfono móvil de Sandra fue analizado por la Policía, pero, según las mismas fuentes, no arrojó información relevante. La adolescente, que solía borrar el contenido de su dispositivo, no dejó rastros digitales que permitieran obtener pruebas directas de los episodios de acoso.
Siguiente paso en la investigación sobre Sandra Peña
El siguiente paso judicial será la declaración de los padres de la víctima, José Manuel Peña y Zara Villar, quienes comparecerán el 12 de noviembre ante la Fiscalía de Menores en calidad de testigos-perjudicados.
Ello viene a significar que su testimonio es considerado fundamental tanto para esclarecer los hechos como por su condición de afectados directos por la pérdida de su hija. Posteriormente, el Ministerio Fiscal citará a las menores implicadas y a los testigos que ya declararon ante la Policía.
Mientras tanto, la Fiscalía de Sevilla mantiene una segunda investigación paralela para examinar la respuesta del centro escolar. Se trata de evaluar la “supervisión de las actuaciones” realizadas por los responsables del colegio tras conocer la situación de acoso.
La Junta de Andalucía ha abierto un expediente administrativo con el objetivo de depurar responsabilidades, al confirmar que el colegio no aplicó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, obligatorio en casos donde exista riesgo de suicidio.
La Inspección Educativa actuó de manera inmediata tras la muerte de Sandra. Recogió testimonios del equipo directivo del colegio y revisó toda la documentación interna sobre las comunicaciones y medidas adoptadas.
El resultado fue un informe con propuestas para reforzar la prevención y detección de casos de acoso escolar en centros concertados.
La tragedia ha generado una profunda conmoción social. El pasado 28 de octubre, miles de personas participaron en una manifestación en Sevilla convocada por estudiantes y colectivos contra el acoso escolar. Dos días después, la familia fue acompañada por centenares de vecinos y amigos en una misa en memoria de la joven.
Este jueves, el colegio Irlandesas de Loreto celebrará una eucaristía íntima en recuerdo de Sandra, presidida por el capellán del centro, Alfredo Morilla, y dirigida exclusivamente al alumnado y profesorado de Secundaria.
Cabe destacar que el padre de la joven asistió esta semana a la inauguración de un monumento en Villar de Rena (Badajoz), su pueblo natal, en homenaje a las víctimas del acoso escolar. La escultura, realizada en forja, simboliza la superación y el ascenso personal, con una figura que sube una escalera y cambia de posición cada mes.
El caso de Sandra Peña ha reabierto el debate sobre la efectividad de los protocolos contra el acoso escolar y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención en los centros educativos.
La sociedad sevillana, aún conmocionada, espera que la investigación de la Fiscalía de Menores y de la Junta de Andalucía arroje luz sobre los fallos institucionales que pudieron contribuir a esta tragedia.