La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que Carmen Ibanco, esposa del portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, fue ascendida «de manera arbitraria» durante su etapa laboral en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Así lo expone en un atestado de 719 folios remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dentro de la investigación sobre presuntas contrataciones irregulares de 85 personas con vínculos políticos o familiares con el PSOE y altos cargos de la Junta de Andalucía.
Ibanco, licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales, fue contratada el 1 de febrero de 2007 como Técnico de nivel E por un salario bruto mensual de 1.783,81 euros. Sin embargo, a principios de 2009 fue ascendida a Técnico de nivel D sin que exista constancia documental de un nuevo proceso de selección o convocatoria pública. Según la Guardia Civil, ese ascenso le supuso una mejora salarial de 8.683 euros entre 2009 y 2011.
Los investigadores subrayan que el currículum de Ibanco fue enviado directamente al director de Recursos Humanos de la Faffe el 27 de enero de 2007, apenas seis días después de que se publicara en prensa una oferta para ese mismo puesto. La forma de envío, no recogida en el anuncio, «pudiera denotar la privilegiada posición que de partida poseía la investigada», según los agentes.
El informe indica que el proceso de selección en el que participó Ibanco apenas completó cuatro de las trece fases estipuladas por el convenio colectivo de la fundación. No hay pruebas de que se realizaran la baremación curricular ni una entrevista estructurada a todos los candidatos. De hecho, la entrevista personal fue la única prueba efectuada, y solo a los finalmente contratados.
La UCO considera que tanto la contratación como el posterior ascenso de Ibanco vulneraron los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en el ámbito público. Añade que la contratación «no se habría ajustado a la normativa vigente» y que su promoción interna careció de los trámites requeridos, lo que permite afirmar que «se llevó a cabo de manera arbitraria».
La esposa de Espadas se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citada por los agentes. En paralelo, el juez José Ignacio Vilaplana continúa instruyendo una causa que acumula indicios de una red de nepotismo en la extinta Faffe.
Contrataciones con nombre y apellidos según la UCO
El nuevo atestado también analiza el listado de 85 contrataciones presuntamente irregulares, muchas de ellas con vínculos directos a dirigentes del PSOE, ex altos cargos de la Junta de Andalucía, sindicalistas y familiares. El documento incluye nombres como el del exalcalde de Lebrija Antonio Torres —ya condenado por una contratación «ilegal y absolutamente irregular»—, así como la esposa y el cuñado del exdirector de la Faffe Fernando Villén, quien también suma condenas por su gestión.
La Guardia Civil detecta casos en los que no existió proceso de selección o en los que este no cumplió con la normativa. Denuncian el uso exclusivo de la base de datos interna SAP R3/HR, lo que limitaba el acceso a las ofertas laborales. Además, destacan la práctica de realizar entrevistas personales solo a los candidatos finalmente contratados, en ocasiones incluso antes de que concluyera el reclutamiento.
El informe también pone el foco en prácticas como la prolongación de contratos temporales sin regularización, o la conversión a indefinidos sin mediar autorización, lo que según los agentes podría haber servido para esquivar controles presupuestarios.
En algunos casos, incluso se detectaron contrataciones de trabajadores que oficialmente estaban en la Faffe, pero en realidad desempeñaban funciones como asesores del consejero de Empleo, cobrando en total más de 724.000 euros con fondos públicos.
Presuntas infracciones penales
La UCO no descarta que varias de estas prácticas puedan constituir infracciones penales. Además de los «enchufes», se detectaron complementos salariales sin justificación, ascensos sin proceso reglado y desvíos de fondos.
Pese a la contundencia del informe, la Guardia Civil recuerda que sus conclusiones deben entenderse «en términos de presunción» y que corresponde al juez valorar los hechos y determinar responsabilidades.
La investigación sobre la Faffe continúa marcando un nuevo capítulo en la lucha judicial contra la corrupción en Andalucía, y vuelve a colocar en el foco la gestión de fondos públicos por parte de instituciones cercanas al poder político.
