La escalada de violencia en las Tres Mil Viviendas de Sevilla ha llevado a una situación límite. Tras una serie de tiroteos con armas de guerra, la Policía Local ha decidido suspender sus operaciones en la zona, alegando la falta de medios y la amenaza que supone enfrentarse a grupos criminales armados con armamento de guerra.
Desde el pasado sábado, la barriada de Murillo ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre clanes rivales que se disputan el control del narcotráfico. La utilización de armas de alto calibre ha puesto en jaque la seguridad de los vecinos y de los agentes de la Policía Nacional, quienes han tenido que intervenir en repetidas ocasiones para restablecer el orden.
La Policía Local, que suele acompañar a los servicios municipales en la zona, como los de limpieza o recogida de basura, ha decidido paralizar estas actividades ante el riesgo que supone para la integridad física de sus agentes. «No podemos jugar con la vida de nuestras personas», asegura el sindicato SPPME.
Según los sindicatos policiales, la falta de formación y de equipamiento adecuado para hacer frente a este tipo de situaciones ha llevado a esta decisión. «No podemos luchar contra un AK-47 con una pistola», denuncian los agentes.
La situación en las Tres Mil Viviendas ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta contundente por parte de todas las administraciones implicadas. Los sindicatos policiales han pedido al Ministerio del Interior el envío de refuerzos y de equipamiento especializado para hacer frente a esta grave amenaza. «Este es un problema que va más allá de lo local», afirma Luis Val, presidente del Sindicato de Profesionales de Policías Municipales de España en Sevilla. «Necesitamos una respuesta contundente y coordinada a nivel nacional para poner fin a esta espiral de violencia».
Las consecuencias para los vecinos
La paralización de los servicios municipales en la zona tendrá consecuencias directas para los vecinos de las Tres Mil Viviendas, que ya de por sí viven en condiciones precarias. La acumulación de basura, la falta de limpieza y la sensación de inseguridad se agravarán aún más.
Además, la suspensión de las actividades de la Policía Local podría facilitar la acción de los grupos criminales, que podrían aprovechar la situación para consolidar su control sobre el territorio.
Ante la decisión de la Jefatura de la Policía Local de Sevilla de suspender el acompañamiento a los servicios municipales en las Tres Mil Viviendas, los sindicatos policiales han expresado su preocupación y han anunciado que mantendrán una vigilancia estrecha sobre la situación.
Luis Val, presidente del Sindicato de Profesionales de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), ha asegurado que «seguiremos atentos a los movimientos de la Jefatura y no descartamos tomar otras medidas, siempre en aras de garantizar la mínima seguridad de nuestro trabajo». El sindicalista ha enfatizado que «no podemos jugar con la vida de las personas».
Por su parte, Santiago Raposo, delegado de CSIF de la Policía Local, ha adoptado una postura más matizada. Si bien reconoce la gravedad de la situación y la necesidad de garantizar la seguridad de los agentes, ha señalado que «no se puede castigar a un barrio entero por un grupo de delincuentes». Raposo ha abogado por reforzar la presencia de la Policía Nacional en la zona, de manera que los servicios esenciales puedan continuar prestándose con normalidad, pero con las garantías de seguridad necesarias.
Ambas organizaciones sindicales coinciden en la necesidad de encontrar una solución a este grave problema que permita garantizar tanto la seguridad de los agentes como la de los ciudadanos. Sin embargo, discrepan en cuanto a la estrategia a seguir. Mientras que el SPPME plantea la posibilidad de tomar medidas más contundentes, el CSIF aboga por una solución más gradual y negociada.
Esta divergencia de opiniones refleja la complejidad de la situación y la dificultad de encontrar una solución satisfactoria para todas las partes implicadas. Lo que está claro es que la seguridad de los agentes y de los ciudadanos debe ser la prioridad absoluta.
