La Junta de Andalucía ha dado un paso importante en la regulación del sector turístico con el reconocimiento de la vivienda de uso turístico como una actividad económica y no residencial. Esta medida, incluida en el anteproyecto de la nueva ley de turismo, permitirá a los ayuntamientos restringir los usos no residenciales conforme a sus planes urbanísticos y ordenanzas municipales, con el objetivo de preservar un equilibrio en el acceso a la vivienda.
El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha anunciado que la tramitación del texto legislativo comienza este martes, aunque su llegada al Parlamento andaluz no está prevista hasta el último cuatrimestre del año, por lo que su entrada en vigor no se produciría antes de 2026. Este margen de tiempo podría favorecer que empresas y fondos de inversión continúen incrementando la oferta de viviendas turísticas, con el consiguiente impacto en la disponibilidad de inmuebles para residentes, especialmente entre la población joven.
Medidas para garantizar la sostenibilidad turística
La nueva normativa busca gestionar el flujo de visitantes para minimizar los efectos negativos en las zonas más afectadas por la masificación turística, especialmente en las grandes capitales. Asimismo, prevé un refuerzo en el desarrollo del turismo de interior como vía para dinamizar la economía de áreas rurales. Bernal ha subrayado la importancia de la «sostenibilidad» del sector y ha reiterado la necesidad de redistribuir la afluencia de turistas, especialmente en temporada baja.
Aumento de sanciones para frenar la oferta ilegal
Uno de los aspectos más destacados del nuevo marco normativo es el endurecimiento de las sanciones por infracciones en el ámbito turístico. La futura ley contempla multas significativamente más elevadas para los operadores que incumplan la normativa, incluyendo por primera vez sanciones a empresas y plataformas que ofrezcan servicios no registrados o clandestinos. Las infracciones graves pasarán de 2.000 a 18.000 euros, mientras que las muy graves podrán oscilar entre los 100.000 y los 600.000 euros. Entre estas últimas se incluyen el trato inadecuado al turista y el incumplimiento de las obligaciones de comunicación.
Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, la Junta de Andalucía prevé reforzar las inspecciones mediante la ampliación de recursos humanos y la aplicación de tecnologías avanzadas, como el uso de Big Data. Con esta estrategia, el Ejecutivo autonómico pretende dotarse de herramientas más eficaces para supervisar la actividad turística y garantizar un desarrollo sostenible del sector en la comunidad, en un tema que preocupa mucho al ciudadano dada la masiva presencia de apartamentos de este tipo y la excesiva turistificación de las ciudades.
