La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, liderada por Rocío Díaz, ha exigido al Ayuntamiento de Sevilla el abono de 133,7 millones de euros, correspondientes a la financiación pactada para compensar el déficit tarifario de la línea 1 del Metro. Este importe deriva del acuerdo establecido en 2002 entre la Junta y varios ayuntamientos implicados, con el objetivo de subvencionar la diferencia entre la tarifa técnica del servicio y el precio reducido que pagan los usuarios.
La reclamación engloba los costes de explotación de la línea desde su puesta en marcha en 2009 hasta 2023. Según Fomento, el convenio firmado hace más de dos décadas sigue vigente y estipula que los ayuntamientos de Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache deben cubrir el 25% del déficit de explotación, mientras que la Junta asume el 75% restante.
La Consejería subraya que, hasta ahora, los ayuntamientos no han contribuido económicamente ni a la construcción ni a la explotación de la línea. Aunque la financiación estatal evitó que los municipios afrontaran costes de construcción, Fomento insiste en que deben hacerse responsables de su parte del déficit operativo.
Un intento previo frustrado
Esta no es la primera vez que la Junta busca cobrar la deuda. Ya en 2012 intentó exigir los pagos al Ayuntamiento de Sevilla, pero en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la reclamación debido a un «defecto de forma». Sin embargo, la Junta argumenta que la sentencia no niega la existencia de la deuda ni exime a los consistorios de su obligación de pago.
La postura del Ayuntamiento de Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla, liderado por el alcalde José Luis Sanz, del PP, ha decidido recurrir la reclamación de la Junta, que asciende a 133,7 millones de euros. Basándose en un informe del Secretario General, el gobierno local presentará un recurso contencioso-administrativo, alegando la falta de respuesta de la Consejería de Fomento a varias cuestiones jurídicas planteadas.
Entre los argumentos del recurso destacan: La vulneración de principios de igualdad, cooperación y lealtad institucional. Divergencias en los criterios de cálculo de la deuda. La aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, que, según el Ayuntamiento, habría dejado sin efecto el convenio de 2002. El cálculo del déficit de explotación.
La Junta asegura que el déficit se calcula siguiendo lo estipulado en el convenio original, que establece una fórmula basada en la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa real multiplicada por el número de usuarios anuales. Cada municipio contribuye según su proporción poblacional respecto al total de habitantes de las localidades atravesadas por la línea 1. Además, la Junta asume otros costes operativos, como el mantenimiento de puertas de andén, no incluidos en la tarifa técnica fijada con la concesionaria.
Un conflicto sin resolver
El desacuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla refleja un conflicto prolongado sobre la financiación del transporte metropolitano, en el que ambas administraciones mantienen posturas irreconciliables. Mientras Fomento insiste en la vigencia del convenio y en la obligatoriedad de los pagos, el Ayuntamiento defiende que la falta de respuesta a cuestiones jurídicas clave invalida las reclamaciones. El desenlace de este litigio podría sentar un precedente importante para la gestión del transporte público en la región.
