La Guardia Civil destapa la trama millonaria que implica a Rafael Pineda en Sevilla
Rafael Pineda y su esposa, detenidos por una operación urbanística bajo sospecha en Sevilla
La Unidad Central Operativa (UCO) ha detenido al ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, y a su esposa, Olga P., en el marco de una investigación judicial que analiza una presunta trama urbanística relacionada con la compraventa de una parcela en Pino Montano Norte.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, apunta a posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción entre particulares y operaciones financieras sin justificación aparente.
La detención de Pineda y su mujer se enmarca en una serie de actuaciones de la Guardia Civil que ya han supuesto, al menos, cinco arrestos.
Entre los detenidos figuran también dos antiguos socios de Olga P. y un ex empleado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), que habría recibido 78.650 euros de la empresa Higuerón Real Estate, propiedad de la esposa de Pineda.
Las autoridades investigan si estas transferencias encubren pagos por favores administrativos en la adjudicación y posterior venta de un terreno público.
Una adjudicación con rebajas y beneficios millonarios
El informe policial remitido a la jueza describe una operación inmobiliaria calificada de “sospechosa”.
En septiembre de 2024, Higuerón Real Estate adquirió una parcela de Emvisesa por 1.777.796,84 euros, tras una subasta pública que se celebró con un precio de salida reducido respecto al fijado dos años antes.
En 2022, bajo la alcaldía del socialista Antonio Muñoz, el terreno había salido a subasta por casi 1,99 millones de euros, sin que se presentaran ofertas.
Pero en 2024, ya con el popular José Luis Sanz al frente del Ayuntamiento, el precio se rebajó en más de medio millón de euros, hasta 1,469 millones.
La sociedad de Olga P. ganó la puja ofreciendo apenas 40 céntimos más que el precio de salida.
Cinco meses después, en enero de 2025, la misma parcela fue vendida por 3.956.284,97 euros a la compañía Eryel Invest, filial del grupo Burger King Spain.
El beneficio neto para Higuerón Real Estate fue de 2.178.488,13 euros, una ganancia que, según la UCO, se repartió entre los implicados.
El matrimonio Pineda percibió 639.120,63 euros, mientras que sus antiguos socios recibieron sumas que superan los 500.000 y 340.000 euros, respectivamente.
A la esposa de uno de ellos se le transfirieron 297.182,50 euros, y otros 74.376,67 euros fueron a parar a Unuk Capital, empresa que también colaboró en la financiación de la compra.
Transferencias sin justificación y sospechas de connivencia
Los agentes detectaron además una transferencia de 78.650 euros desde la cuenta de Higuerón Real Estate a la empresa Aural Estate S. L., vinculada al funcionario de Emvisesa Daniel M. L., jefe de la Sección de Terciarios.
Según la UCO, no existía motivo comercial alguno que justificara ese pago, lo que hace “altamente sospechosas” las operaciones derivadas de la compraventa.
El informe subraya también que uno de los socios de Olga P. trabajaba para el grupo Burger King Spain, el mismo holding que acabaría adquiriendo la parcela pocos meses después.
Esta coincidencia refuerza las sospechas de los investigadores sobre un posible caso de corrupción entre particulares.
Los agentes califican de “incongruente” que la empresa compradora pagara más del doble del precio inicial sin haber participado en las subastas públicas previas, a pesar de su conocimiento del terreno, donde mantenía un negocio desde 2017.
Los informes de la Guardia Civil apuntan a que la única actividad de Higuerón Real Estate fue la gestión de la subasta, el arrendamiento y la canalización de los fondos obtenidos con la venta.
Igualmente, destacan que los antiguos socios de la empresa se desvincularon formalmente antes de la adjudicación, lo que, según los agentes, podría responder a una estrategia para eludir responsabilidades. Pese a su aparente salida, ambos habrían obtenido beneficios superiores a 800.000 euros.
El informe concluye que el expediente de Emvisesa muestra una “secuencia de hechos que debe ser examinada en profundidad”, especialmente por la reducción del valor de la parcela pública y la rapidez con la que se multiplicó su precio de venta.
La juez de Instrucción mantiene abiertas las diligencias y no se descarta la imputación de más personas en las próximas semanas, en una investigación que podría destapar una nueva red de tráfico de influencias en la administración local sevillana.