
Valle García, gerente del SAS, rompe su silencio tras ser investigada: “Siempre actué con honestidad y dentro de la legalidad”
Valle García, gerente del SAS, declarará como investigada: “Siempre he actuado con honestidad y dentro de la legalidad”

La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, afrontará el próximo 25 de noviembre su declaración como investigada en el marco de la investigación judicial sobre la extensión de contratos de emergencia una vez finalizada la pandemia del Covid-19.
La responsable del organismo sanitario autonómico se mostró este miércoles “tranquila” y defendió haber actuado siempre “con honestidad y dentro de la legalidad”.
En un audio difundido por el propio SAS, García subrayó que para ella es “importante poder aclarar cualquier duda” y aseguró que confía en que su comparecencia servirá para explicar con “total transparencia” las decisiones tomadas durante su gestión.
“Agradezco que al fin tenga la oportunidad de hacerlo donde corresponde”, afirmó.
La máxima responsable del SAS recalcó que fue ella misma quien, el pasado 10 de abril, solicitó declarar ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, encargado de la causa.
Según indicó, su objetivo era dar respuesta a lo que calificó como “una denuncia política” y defender la legalidad de las contrataciones de emergencia realizadas en el sistema sanitario andaluz.
García insistió en que, gracias a estos procedimientos extraordinarios, “se salvaron muchas vidas y se operó a muchas personas durante la pandemia”, indicando la utilidad que tuvieron en un contexto sanitario marcado por la presión asistencial y la escasez de recursos.
El origen de la investigación sobre el SAS
La investigación que afecta a la actual gerente del SAS se enmarca en una querella presentada por el PSOE de Andalucía, que denunció posibles irregularidades en contrataciones de urgencia realizadas en 2024. La imputación de García se produjo tras la ampliación de esa querella, que inicialmente estaba dirigida contra dos de sus predecesores: Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
Ambos exgerentes habían firmado resoluciones que permitieron la adjudicación de contratos de emergencia por un importe global de más de 242 millones de euros, vinculados al expediente de contratación 110/2021.
Según la acusación, se trata de procedimientos que se mantuvieron activos cuando ya había finalizado la fase crítica de la pandemia, lo que para el PSOE-A constituye un exceso en el uso de esta vía excepcional.
Además de la comparecencia de Valle García, el juez ha citado a varios testigos cuya declaración está prevista para el 18 de noviembre. Entre ellos figura la actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez Sánchez, que en los años investigados ejercía como interventora general de la Junta de Andalucía.
También están llamadas a declarar Blanca Pons Rodríguez, interventora central del SAS en 2022 y 2023, y María Victoria López Gutiérrez, interventora adjunta.
A esa misma sesión se sumarán las declaraciones de dos antiguos responsables del Servicio Andaluz de Salud: José Antonio Miranda, ex director económico, e Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, ex director de asistencia sanitaria y resultados en salud.
Estas comparecencias serán relevantes para determinar si las contrataciones se ajustaron a la normativa de emergencia sanitaria o si, por el contrario, existieron irregularidades en su tramitación una vez superado el momento más crítico de la crisis del coronavirus.
El caso ha generado especial interés por el peso que tiene el SAS en la gestión de los recursos sanitarios de Andalucía, el sistema con mayor número de usuarios en el país.
La investigación se viene a añadir además a un contexto político en el que la contratación pública durante la pandemia continúa siendo objeto de controversia y debate en distintas comunidades autónomas.
En este escenario, la gerente del SAS ha optado por una estrategia de defensa activa, solicitando ser escuchada para, en sus propias palabras, despejar cualquier sospecha sobre su gestión.
Será el próximo 25 de noviembre cuando exponga sus argumentos ante el juez, mientras la investigación continúa recopilando testimonios y documentación sobre los contratos cuestionados.