La Fiscalía archiva el caso de los exconsejeros de Salud de Andalucía por los fallos en los cribados de cáncer de mama
La Fiscalía archiva las denuncias contra los exconsejeros de Salud de Andalucía por los fallos en los cribados de cáncer de mama
La Fiscalía de Andalucía ha decretado el archivo de las denuncias contra los exconsejeros de Salud Jesús Aguirre y Catalina García, al no hallar indicios de delito en el caso de los errores detectados en los programas de cribado del cáncer de mama gestionados por la Junta de Andalucía.
Ambos ex-responsables sanitarios, actualmente diputados en el Parlamento andaluz y por tanto aforados, estaban siendo investigados por presuntas irregularidades en la gestión de estos programas, tras la presentación de denuncias por parte de la Asociación del Paciente, dieciséis mujeres afectadas y los partidos Adelante Andalucía e Izquierda Unida.
El Ministerio Público ha considerado que las actuaciones no constituyen infracción penal y ha ordenado el archivo de las denuncias en lo que concierne a los aforados.
Sin embargo, ha remitido las diligencias a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería para continuar la investigación respecto a otros tres altos cargos de la Consejería de Salud que no gozan de aforamiento: la exconsejera Rocío Hernández, la exviceconsejera María Luisa del Moral y la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, la única que continúa en el cargo.
Según el decreto de la Fiscalía, la investigación se abrió tras las denuncias formuladas en octubre, cuando se conoció públicamente el posible mal funcionamiento del sistema de detección precoz.
Las afectadas alegaban deficiencias en el seguimiento de los casos catalogados como “no concluyentes” o “dudosos”, así como la ausencia de comunicación de resultados y la falta de atención médica en atención primaria.
Igualmente denunciaron la imposibilidad de ser localizadas debido a la ausencia de datos personales actualizados en las bases de datos sanitarias, así como el hecho de que algunas pacientes hubieran sido atendidas en centros privados sin seguimiento público posterior.
El Ministerio Público subraya en su resolución que los hechos descritos no presentan un patrón común que permita atribuir responsabilidades generales, por lo que deben ser examinados de forma individual.
Como consecuencia, las fiscalías provinciales serán las encargadas de analizar cada caso en el entorno más próximo a las víctimas, con el objetivo de evitar mayores perjuicios a las denunciantes y avanzar en la averiguación de los hechos y la identificación de eventuales responsables directos.
El decreto advierte además que algunas denuncias incluyen manifestaciones genéricas sobre el protocolo de cribado sin concretar hechos específicos, lo que impide establecer una relación clara con posibles responsabilidades penales.
La Fiscalía recuerda que una investigación prospectiva generalizada vulneraría el derecho fundamental a la intimidad y la protección de datos personales, especialmente en materia de salud, de aquellas mujeres que han optado por no someter sus casos a una investigación penal y limitar sus reclamaciones a la vía administrativa o patrimonial.
Reacción política tras el archivo de los cribados
Tras conocerse la decisión, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, expresó la “satisfacción” del Gobierno autonómico y calificó el fallo como “una bofetada sin precedentes” a lo que considera una estrategia política del PSOE para “desacreditar” al Ejecutivo andaluz.
En declaraciones públicas, Sanz sostuvo que la oposición “ha querido utilizar el dolor de las personas para atacar al Gobierno”, y señaló que el archivo supone “un varapalo muy grande” para quienes “han manipulado la enfermedad con fines políticos”.
El consejero pidió a los partidos de izquierda que “reflexionen” y subrayó que la prioridad debe ser atender a las mujeres afectadas, garantizando diagnósticos ágiles y asistencia integral. “El camino importante —dijo— es trabajar unidos para ofrecer la mejor atención sanitaria posible a las pacientes con cáncer de mama y cumplir rigurosamente con los plazos de las pruebas diagnósticas”.
La resolución de la Fiscalía de Andalucía marca un punto de inflexión en un caso que había generado una fuerte controversia política y social en la comunidad.
Si bien las investigaciones provinciales continúan abiertas, el archivo de las actuaciones contra los exconsejeros cierra, por ahora, una de las vertientes más mediáticas del denominado “caso de los cribados de cáncer de mama” en Andalucía.