La familia de Sandra Peña denunciará al colegio Irlandesas Loreto por no activar los protocolos contra el acoso
La familia de Sandra Peña denunciará al colegio Irlandesas Loreto tras su suicidio: “No activaron los protocolos”
La familia de Sandra Peña, la adolescente de Sevilla que se quitó la vida el pasado 14 de octubre, ha anunciado su intención de denunciar al colegio concertado Irlandesas Loreto, donde cursaba sus estudios.
Según relata Isaac Villar, tío de la menor, la familia había advertido al centro semanas antes del suceso de la situación de acoso escolar que sufría Sandra. “El informe de la psicóloga que entregamos al colegio deja claro que la niña estaba siendo víctima de acoso”, explicó Villar en declaraciones a El Correo de Andalucía.
El documento fue presentado en la escuela el 2 de septiembre, y un día después, la madre de Sandra mantuvo una reunión con responsables del centro educativo.
“Mi hermana salió muy contenta porque le aseguraron que iban a activar dos protocolos: el de acoso escolar y el de prácticas autolíticas. Pero después no hicieron eso con ninguno de los dos”, señala el tío de la joven.
Desde el entorno familiar aseguran que, tras el fallecimiento de la joven, el colegio apenas se ha puesto en contacto con ellos. “Nos enviaron un correo electrónico el martes pasado.
Decían que habían intentado llamarnos y no lo habían conseguido, y que estaban disponibles para lo que necesitáramos. Pero no han vuelto a comunicarse, ni nos han citado para hablar”, indicó Villar, quien lamenta la falta de empatía y de respuestas por parte de la institución.
Un comunicado que llega “mal y tarde” por parte del colegio
Dos días después de la muerte de la estudiante, el colegio Irlandesas Loreto publicó un comunicado en el que expresaba su “profundo compromiso” con la prevención del acoso escolar y la salud mental.
“En nuestro colegio estamos profundamente comprometidos con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para el bienestar de nuestro alumnado”, señalaba el comunicado.
El comunicado añadía que el profesorado está formado para detectar posibles casos de acoso y que el centro se había puesto “a disposición de las autoridades competentes” desde que se conoció la noticia.
No obstante para la familia de Sandra, ese gesto llegó “mal y tarde”. “Si hubieran actuado cuando se lo pedimos, Sandra podría seguir viva. Ahora sus palabras ya no cambian nada”, denuncia el tío de la joven.
La Junta de Andalucía mantiene abierta la investigación
Mientras tanto, la Junta de Andalucía mantiene un expediente administrativo abierto contra el colegio Irlandesas Loreto para esclarecer si el centro incumplió sus obligaciones en materia de prevención y actuación frente al acoso escolar. La Inspección Educativa ha realizado varias visitas al colegio en las últimas semanas para recabar más información.
Según fuentes del Gobierno andaluz, las conclusiones podrían derivar en una sanción sin precedentes: la retirada del concierto educativo, una medida excepcional que nunca se ha aplicado en la comunidad por un caso de acoso escolar.
Por su parte, la Fiscalía de Menores espera recibir el atestado policial para determinar si las alumnas presuntamente implicadas en el acoso a Sandra son o no imputables penalmente.
En el Parlamento Andaluz, la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, defendió la actuación de su departamento tras conocerse el caso. “Hemos remitido el expediente a la Fiscalía y mantenemos abierta la investigación. Seguimos recabando información, y esta misma semana los inspectores han vuelto al centro”, aseveró.
Castillo también subrayó la necesidad de reforzar los protocolos de actuación ante posibles casos de acoso y autolesión en los centros escolares. “No basta con tener los protocolos sobre el papel, hay que activarlos de forma inmediata y eficaz”, advertía.
El caso de Sandra Peña ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los colegios concertados en la protección de sus alumnos y sobre la eficacia de los protocolos de prevención del acoso escolar.
Entre que la investigación avanza, la familia de la joven insiste en que no busca venganza, sino justicia: “Queremos que se sepa la verdad y que ninguna otra familia tenga que pasar por esto”, concluye Isaac Villar.