José Luis Sanz desafía a los sindicatos y aprueba la privatización de la limpieza de los colegios de Sevilla
Privatización de la limpieza escolar en Sevilla: el plan urgente del gobierno de José Luis Sanz desata un nuevo pulso sindical
El Ayuntamiento de Sevilla, liderado por José Luis Sanz, afronta esta semana uno de los debates más intensos de su mandato: la privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria.
La medida, que será aprobada este miércoles por vía de urgencia en la junta de gobierno local, ha encendido las alarmas entre los sindicatos, especialmente en la sección de CSIF del propio consistorio, que denuncia una decisión “unilateral y precipitada”.
La sesión extraordinaria convocada por el equipo de gobierno tiene un único punto en el orden del día: la aprobación del gasto, los pliegos de condiciones y los anexos del contrato para externalizar el servicio de limpieza de los centros educativos dependientes del Ayuntamiento de Sevilla.
El contrato, valorado en 25 millones de euros, supondrá el traspaso de la gestión a una empresa privada durante varios ejercicios, con el argumento oficial de garantizar unas instalaciones “en condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad docente”.
Según el gobierno local, la decisión responde a la necesidad de poner fin a una situación que arrastra problemas desde hace años.
Las bajas no cubiertas y la falta de personal suficiente han deteriorado el mantenimiento de los colegios, generando quejas constantes por parte de las direcciones y las asociaciones de familias.
En palabras de Sanz, el objetivo es “garantizar la salubridad y el bienestar de miles de alumnos” y no implicará la pérdida de empleo público, ya que los trabajadores municipales serán reubicados en otros edificios del consistorio.
Explicaciones que no convencen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz
Estas explicaciones no han logrado calmar el descontento sindical. Desde CSIF, su secretario en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha acusado al alcalde de “deslealtad institucional” por no haber atendido las propuestas que se le presentaron para resolver los problemas del servicio sin recurrir a la privatización.
El sindicato sostiene que el equipo de gobierno ha ignorado el diálogo social y ha optado por una vía que “pone en riesgo la estabilidad laboral y financiera del propio Ayuntamiento”.
El enfrentamiento se ha trasladado también a las calles. Durante las últimas semanas, los sindicatos han convocado manifestaciones y acampadas frente al Ayuntamiento, algunas de ellas con sanciones por parte de la Policía Local, en protesta por la decisión.
Las movilizaciones se centran no solo en la defensa del empleo público, sino también en la denuncia de lo que consideran una “privatización encubierta” de servicios esenciales.
A las tensiones sindicales se suma la advertencia del área de Hacienda, que ha emitido un informe alertando de que el nuevo contrato supera el techo de gasto previsto para el curso 2027/2028.
El documento pone en duda la viabilidad económica de la externalización a medio plazo y advierte de que el presupuesto solo estaría garantizado hasta 2026.
“Ninguna empresa en su sano juicio va a concurrir a un contrato que no asegura el importe más allá de ese año”, ha señalado Román, cuestionando la solidez financiera del proyecto.
El caso ha reavivado un debate recurrente en la política municipal sevillana: la gestión de los servicios públicos. Gobiernos de distintos signos han intentado resolver sin éxito los problemas de la limpieza escolar, convertidos en símbolo de la dificultad para equilibrar eficiencia, estabilidad laboral y control del gasto.
El ejecutivo de Sanz, que defiende la externalización como una medida técnica y no ideológica, sostiene que “lo prioritario es la calidad del servicio” y que “el Ayuntamiento seguirá supervisando la prestación en todo momento”.
Mientras tanto, los sindicatos anuncian nuevas protestas y estudian acciones legales si la privatización se aprueba definitivamente.
La tensión política crece, y el pulso entre el gobierno local y las plantillas municipales amenaza con prolongarse en los próximos meses, en un contexto marcado por las restricciones presupuestarias y la presión por mantener la calidad de los servicios públicos esenciales.