Investigan si los retrasos en el cribado de cáncer de mama provocaron daños a 2.000 mujeres andaluzas
Fiscalía de Andalucía abre investigación por posibles fallos en el cribado de cáncer de mama que afectaron a 2.000 mujeres
La Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido actuar tras una serie de denuncias que apuntan a un posible mal funcionamiento en el programa público de detección precoz del cáncer de mama.
El órgano dirigido por Ana Tárrago ha emitido un decreto para incoar diligencias previas y esclarecer si existieron errores en el cribado poblacional, después de que la asociación Defensor del Paciente denunciara una supuesta “dejación de funciones” por parte de la administración sanitaria andaluza.
Según las afectadas, los fallos en la gestión podrían haber tenido consecuencias fatales en la salud de unas 2.000 mujeres.
El Ministerio Público ha actuado en respuesta a la denuncia presentada el 3 de octubre por la citada asociación, que alertó de “importantes retrasos” en las pruebas diagnósticas que debían realizarse dentro del programa para la prevención del cáncer de mama.
Estas demoras, según las denunciantes, habrían impedido detectar a tiempo posibles casos de la enfermedad, considerada una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres.
La Fiscalía andaluza explicó en un comunicado que su decisión se produce “tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria en los cribados de cáncer de mama”.
Irregularidades en la detección del cáncer de mama
Las irregularidades, añaden, podrían derivar de “un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama” dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El primer paso de la investigación ha sido requerir a la Consejería de Salud que remita “copia de las denuncias presentadas hasta ahora” y que detalle las medidas adoptadas para reparar el daño a las víctimas, así como los protocolos implementados para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.
Con esta actuación, la Fiscalía busca determinar si los retrasos en los diagnósticos se debieron a problemas estructurales, falta de personal o deficiencias en la gestión de los recursos.
Las denuncias han sido impulsadas no solo por el Defensor del Paciente, sino también por varias afectadas directamente y por formaciones políticas como Adelante Andalucía e IU–Convocatoria por Andalucía. Estas organizaciones exigen responsabilidades a la administración autonómica por lo que califican de una grave vulneración del derecho a la salud pública.
En su denuncia, el Defensor del Paciente pidió expresamente a la Fiscalía que investigara una posible “dejación de funciones” por parte de los responsables del programa de detección precoz.
La entidad sostiene que la falta de seguimiento y la demora en la realización de las mamografías periódicas dejaron a miles de mujeres sin la posibilidad de recibir un diagnóstico temprano.
Desde el ámbito político, Izquierda Unida ha ido más allá y ha señalado directamente a la exconsejera de Salud, Rocío Hernández, y a sus antecesores en el cargo. El partido les atribuye una posible responsabilidad en tres delitos: homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de prestar servicios sanitarios.
Según el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, “ya son más de 2.000 mujeres que llevan meses o años con el diagnóstico de posible cáncer encima de la mesa sin que nadie las haya contactado. Lo ha reconocido el propio SAS”, afirmó.
El caso ha generado una gran preocupación en el ámbito sanitario y social andaluz. Diversas asociaciones de pacientes han exigido transparencia y una auditoría completa del programa de cribado, mientras que profesionales médicos advierten que los retrasos en la detección temprana pueden tener consecuencias graves en la evolución de la enfermedad.
Por el momento, la Fiscalía andaluza continúa recabando información y estudiando los documentos remitidos por la Consejería de Salud. En función de los resultados preliminares, el Ministerio Público decidirá si procede abrir una investigación penal formal.
Entre tanto las afectadas ,esperan que esta actuación sirva para depurar responsabilidades y garantizar un sistema de cribado eficaz y equitativo para todas las mujeres andaluzas.