Indignación en Sevilla, exigen la dimisión de la dirección del Colegio Irlandesas tras el suicidio de Sandra Peña
Silencio y negligencia: el colegio donde una alumna suplicó ayuda antes de quitarse la vida
El suicidio de Sandra Peña, una alumna de 14 años del Colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla, ha provocado una conmoción nacional y ha colocado al centro educativo bajo una dura mirada crítica.
La joven, según testimonios familiares y de su entorno, llevaba meses sufriendo acoso escolar por parte de varias compañeras sin que el centro aplicara las medidas necesarias para protegerla.
Su muerte, ocurrida a mediados de octubre, ha encendido el debate sobre la responsabilidad del colegio y la eficacia real de los protocolos de prevención en los colegios concertados.
Durante más de un año, Sandra habría comunicado su situación a distintos profesores y responsables del colegio. A pesar de ello, no se activó el protocolo oficial contra el acoso, una herramienta obligatoria que busca garantizar la seguridad del alumnado y detener conductas de hostigamiento antes de que escalen.
En lugar de aplicar medidas estructuradas, el centro se habría limitado a realizar cambios de aula o a recomendar mediaciones informales, insuficientes para frenar la situación.
Tras conocerse su fallecimiento, la comunidad educativa ha reaccionado con indignación. Miles de estudiantes y familias se han manifestado frente al colegio y en las calles de Sevilla exigiendo medidas y en muchos casos la dimisión inmediata de la dirección del centro, a la que acusan de negligencia y falta de sensibilidad.
Pancartas con frases como “Sandra pidió ayuda y nadie la escuchó” o “El silencio también mata” se repitieron en cada concentración.
Negligencia y falta de acción por parte del centro
La gestión del caso por parte del centro ha sido duramente cuestionada. No solo por no haber activado los protocolos, sino por la ausencia de acompañamiento psicológico y de comunicación con la familia.
Los padres de la alumna habían pedido en varias ocasiones una reunión formal con la dirección para abordar el problema, sin recibir respuesta clara. Para muchos, este silencio administrativo refleja un modelo educativo más preocupado por su reputación que por la protección de los menores.
Diversos expertos en educación y psicología coinciden en que este caso revela una falla estructural: los protocolos existen, pero su aplicación depende de la voluntad y sensibilidad de quienes dirigen los centros.
Si la dirección no los pone en marcha, las herramientas se convierten en papel mojado. La tragedia de Sandra Peña demuestra, una vez más, que la prevención del acoso escolar no puede depender de decisiones discrecionales, sino de una política activa, vigilada y transparente.
Las consecuencias van más allá del propio colegio. El caso ha impulsado a asociaciones de padres y colectivos estudiantiles a pedir una revisión del sistema de control en los colegios concertados, así como una auditoría externa de los mecanismos de prevención del acoso.
También reclaman formación obligatoria para el profesorado en detección temprana y atención emocional al alumnado.
Mientras tanto, la presión social crece. Estudiantes, familia y ciudadanos exigen responsabilidades y muchos consideran que la única salida ética posible es la dimisión de la dirección del Colegio Irlandesas de Loreto. No como un gesto que sea simbólico, sino como una asunción de culpa institucional ante una vida perdida por omisión.
La muerte de Sandra no puede entenderse solo como un caso aislado de bullying, sino como el reflejo de un sistema que todavía falla en su deber de proteger.
En una sociedad donde los niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en los centros educativos, el compromiso total de las instituciones y los centro educativos con su bienestar debe ser absoluto. Cuando una menor pide ayuda y no es escuchada, la responsabilidad no se diluye sino que recae sobre quienes tenían el poder —y la obligación— de actuar.