Indignación en Matalascañas: todas las calles serán zona azul durante 30 años
Almonte aprueba la zona azul en Matalascañas pese al rechazo de los vecinos y la oposición
El Pleno del Ayuntamiento de Almonte ha aprobado la adjudicación del servicio de estacionamiento regulado en Matalascañas, una decisión que ha reavivado la polémica en el núcleo costero onubense.
La medida, que permitirá la implantación de la zona azul en todas las calles de la urbanización, ha salido adelante pese a la ausencia de una ordenanza previa que fije tarifas y condiciones del servicio, lo que, según la oposición, pone en entredicho la legalidad del procedimiento.
Vecinos y propietarios, muchos procedentes de Sevilla, han expresado su rechazo en los últimos meses a través de concentraciones y pancartas bajo el lema “Matalascañas no se vende, se defiende”, denunciando que la iniciativa hipotecará la vida cotidiana en la playa durante las próximas tres décadas.
Un proceso rodeado de dudas legales en Matalascañas
El contrato aprobado contempla una concesión de 30 años, lo que supone que el estacionamiento en Matalascañas quedará sujeto al pago regulado durante ese periodo. Los cuatro concejales no adscritos, principal bloque de la oposición en el Consistorio, habían solicitado retirar el punto del orden del día al entender que carecía de cobertura legal.
“El contrato no puede adjudicarse sin una ordenanza que regule tarifas, bonificaciones y régimen sancionador. Pretender aprobarla después no subsana el defecto, porque el acuerdo ya nacería sin validez”, dijo Miguel Ángel Jiménez, portavoz del grupo.
Jiménez añadió que la decisión convierte a Matalascañas en el único núcleo costero de España donde todas las calles pasan a ser zona azul, una circunstancia que calificó de “inaudita y desproporcionada”.
Igualmente señaló que el procedimiento acumula hasta diez intentos fallidos de votación, pese a la mayoría absoluta del equipo de gobierno, lo que, en su opinión, evidencia “improvisación y falta de garantías jurídicas”.
Frente a las críticas, el alcalde de Almonte, Francisco Bella (Grupo Ilusiona), defendió que la adjudicación permitirá modernizar la urbanización merced a una inversión de más de seis millones de euros destinada al asfaltado de calles en Matalascañas.
“Se trata de un hito histórico. No supondrá coste alguno para las arcas municipales, ya que la inversión correrá a cargo de la empresa adjudicataria”, ensalzó Bella.
Según el regidor, el proyecto responde a una necesidad real del núcleo costero, que en verano llega a soportar hasta 40.000 vehículos diarios, frente a los 18.000 censados en la totalidad del término municipal.
El alcalde subrayó que el modelo permitirá que quienes utilizan las infraestructuras contribuyan a su mantenimiento, aliviando la presión existente en los recursos públicos.
El contrato incluye también una partida de más de dos millones de euros para mejoras en calles de Almonte, lo que eleva la inversión total a casi nueve millones.
Tarifas diferenciadas y ventajas para residentes de Matalascañas
El plan contempla la división del núcleo en distintas zonas con tarifas diferenciadas. El Ayuntamiento asegura que habrá bonificaciones y condiciones especiales para residentes de Almonte, con áreas de gratuidad incluidas.
Sostiene que el sistema no tendrá el mismo impacto en todos los vecinos y que se garantizará un equilibrio entre residentes y visitantes.
“La medida busca ordenar un espacio sometido a gran presión estacional y situar Matalascañas al nivel de su peso turístico en la provincia”, defendió Bella, quien aseguró que otros municipios ya observan este modelo “con interés” como ejemplo de gestión.
Pese a los argumentos del gobierno local, el descontento ciudadano continúa. Residentes y propietarios insisten en que no son simples veraneantes, sino parte activa de la comunidad, y que la zona azul afectará a su día a día. Para ellos, la medida supone un encarecimiento injustificado del acceso a sus propias viviendas y una privatización del espacio público.
La tensión social se ha materializado en protestas durante el verano y se espera que las movilizaciones continúen tras la aprobación definitiva.
El debate no solo enfrenta a gobierno local y oposición, sino también a dos visiones contrapuestas sobre el futuro del principal enclave costero de Almonte, por un lado un modelo basado en la regulación del aparcamiento como fuente de financiación y por la otra la defensa de un espacio libre de restricciones para vecinos y visitantes.