La Policía Local de Sevilla ha identificado a dos jóvenes, vecinos del Aljarafe, como presuntos autores de las pintadas vandálicas que aparecieron en enero en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla y en otros edificios históricos del centro. Según ha informado el Consistorio, los implicados podrían enfrentarse a cuatro delitos contra el patrimonio histórico y al pago de los gastos derivados de la limpieza de los grafitis, llevada a cabo de inmediato por el equipo antipintadas del área de Urbanismo.
Las pintadas causaron una profunda indignación ciudadana no solo por su impacto estético, sino también por el daño infligido a inmuebles de incalculable valor patrimonial. Especialmente sensible resultó el ataque contra la fachada del Ayuntamiento, un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que acababa de ser objeto de una reciente y costosa restauración. La intervención, concluida en 2024 tras varios años de trabajos, había devuelto el esplendor original a este emblema renacentista, considerado uno de los mayores tesoros arquitectónicos de la ciudad. La aparición de los grafitis, por tanto, supuso un golpe directo al patrimonio sevillano y a los esfuerzos institucionales de conservación.
La investigación, llevada a cabo por agentes especializados en grafitis de la Unidad de Línea Verde, permitió localizar a los sospechosos en la avenida de La Constitución. Tras detectarlos, los agentes los siguieron hasta la estación de metro de Puerta de Jerez, donde los interceptaron e identificaron. Durante el cacheo, se les incautaron un rotulador y otros instrumentos utilizados habitualmente para realizar pintadas. Ambas personas coinciden plenamente con la descripción física de los autores registrada en diversas imágenes de seguridad.
Investigación cerrada en el Ayuntamiento de Sevilla
Con su identificación, la Policía da por cerrada una investigación prioritaria dada la gravedad de los hechos. El Ayuntamiento de Sevilla ha señalado que los acusados podrían enfrentarse a al menos cuatro delitos contra el patrimonio histórico. La nueva ordenanza de limpieza considera estas infracciones como graves o muy graves, con sanciones económicas que pueden ascender hasta los 3.000 euros. Además, se estudiará la posibilidad de reclamar judicialmente el coste de la restauración del daño ocasionado, que podría incrementarse de manera significativa al tratarse de bienes protegidos.
Desde el Consistorio se ha subrayado la necesidad de proteger el patrimonio público como parte esencial de la identidad y la memoria de Sevilla. «Cada acto vandálico contra un edificio histórico es un atentado contra nuestra cultura y nuestra historia», han indicado fuentes municipales. El ataque a la sede del Ayuntamiento, además, ha resaltado la vulnerabilidad de unos espacios que forman parte de la vida diaria de sevillanos y visitantes.
Esta identificación ha sido posible gracias al trabajo constante de la Unidad de Línea Verde, reforzada desde agosto de 2024 con agentes expertos en grafitis urbanos y documentos. Desde su incorporación, esta unidad ha abierto más de medio centenar de investigaciones en menos de seis meses. Cabe recordar que uno de estos agentes logró años atrás que un grafitero que había vandalizado el Palacio de la Buhaira fuera detenido, juzgado y condenado.
El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de seguir destinando recursos a la protección del patrimonio histórico, combinando labores de vigilancia, investigación y concienciación ciudadana, con el objetivo de evitar que actos vandálicos como estos vuelvan a repetirse.