Después de más de dos décadas de dominio sobre la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo, un grupo de taxistas conocidos como la ‘mafia del taxi’ ha recibido un golpe contundente. Este colectivo había impuesto su control mediante amenazas, coacciones y actos vandálicos, mientras las autoridades municipales permanecían inactivas. Ahora, una actuación judicial sin precedentes liderada por el juez Sergio Escalona, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, ha cambiado el panorama.
El pasado jueves, la Policía detuvo a 18 miembros de la asociación Solidaridad del Taxi, incluyendo a su presidente, Antonio Velarde. Tras su comparecencia ante el juez, se les impuso una orden de alejamiento que les prohíbe acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto, una medida que afecta tanto a los taxistas como a sus licencias. Aunque los implicados han quedado en libertad con cargos, esta decisión marca un antes y un después en el tratamiento del problema.
Un conflicto de larga duración
El monopolio sobre la parada de taxis del aeropuerto comenzó hace 25 años. En el año 2000, el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín aprobó la implementación de un sistema de turnos rotatorios para permitir la alternancia en el servicio entre todas las licencias. Sin embargo, el acuerdo nunca se materializó, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ratificó como legal en 2002. Desde entonces, ningún gobierno municipal ha logrado implementar la medida, permitiendo que el conflicto se perpetúe.
La situación actual ha llevado al gobierno local, encabezado por José Luis Sanz, a plantear nuevamente la posibilidad de instaurar el turno rotatorio. Según el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, se convocará el consejo del Instituto del Taxi para estudiar mejoras en la organización del servicio. Esto busca garantizar no solo un reparto justo del trabajo, sino también un servicio más eficiente para los usuarios.
Una investigación histórica y un momento decisivo
El control sobre la parada del aeropuerto ha sido un lucrativo negocio para la ‘mafia del taxi’, dado el alto coste de la Tarifa Única del Aeropuerto, que oscila entre los 25,72 y los 28,67 euros. Este monopolio ha perjudicado tanto a los taxistas ajenos a Solidaridad del Taxi como a los propios usuarios, que a menudo enfrentaban largas esperas debido a la insuficiencia de vehículos en la parada.
En 2017, un intento previo de la Justicia por desarticular este grupo fracasó debido a errores procesales. En aquel entonces, una investigación vinculada a la quema de nueve vehículos de la empresa Cabify quedó archivada. Ahora, el contexto es distinto, y las autoridades parecen determinadas a resolver el problema.
El juez Escalona ha advertido a los detenidos que el incumplimiento de las medidas cautelares podría derivar en prisión provisional. Este aviso refleja la seriedad con la que se aborda el caso y la intención de sentar un precedente para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
La prolongada falta de acción ante el problema ha proyectado una imagen negativa de Sevilla, especialmente para los turistas que llegan al aeropuerto de San Pablo. Insultos, agresiones y actos vandálicos en la parada han sido una constante durante años, afectando la percepción de la ciudad. Regularizar el servicio no solo beneficiará a los taxistas y a los usuarios, sino que también mejorará la imagen de Sevilla como destino turístico.
La actuación judicial y el compromiso del gobierno local representan una oportunidad única para acabar definitivamente con este monopolio. La implementación del turno rotatorio no solo pondría fin a un conflicto de larga duración, sino que también abriría la puerta a un servicio más justo y eficiente en beneficio de todos.
