La crisis desatada por la negativa de dos grandes aseguradoras a renovar su contrato con Muface, la mutua sanitaria de los funcionarios, ha generado una ola de preocupación en más de un millón de trabajadores públicos en España. En Sevilla, la situación afecta directamente a 74.708 personas, incluidas más de 20.000 docentes.
Funcionarios como Carmen Contreras, jubilada tras décadas como profesora, temen quedar desprotegidos: «Estamos en una situación desesperante. Necesitamos que alguien garantice nuestra sanidad. No es un servicio privado; es concertado, y está vinculado a nuestra plaza». Los funcionarios denuncian que el Estado debe cumplir con las condiciones laborales de sus plazas, defendiendo que no son «privilegios». Mientras tanto, las aseguradoras insisten en la necesidad de mayor financiación para mantener el sistema.
El problema radica en que ninguna aseguradora ha pujado en el concurso público de Muface, denunciando que el sistema está «infrafinanciado». La ministra de Sanidad, Mónica García, advirtió que el sistema público de salud no podría absorber a todos los mutualistas, lo que supondría un colapso de la sanidad pública.
«El Estado no puede mirar hacia otro lado»
La falta de acuerdo entre el gobierno y las aseguradoras ha provocado un clima de incertidumbre que afecta tanto a mutualistas como a profesionales médicos. Juan Antonio Tena, ginecólogo que atiende a numerosos pacientes de Muface, alerta de las graves consecuencias: «¿Qué hacemos con las pacientes oncológicas o embarazadas? Es imposible transferir sus historiales clínicos de manera inmediata».
Tena señala que muchos mutualistas podrían verse obligados a contratar seguros privados, lo que supone un gasto extra que algunos, especialmente mayores de 80 años, no podrán asumir. «El colapso será inevitable si no se encuentra una solución», afirma.
Un problema que trasciende lo sanitario
Sara Martínez, profesora de secundaria, también expresa su preocupación: «Esto no solo afecta a los funcionarios, sino a toda la sociedad. Si Muface desaparece, la sanidad pública sufrirá una carga inasumible».
Sara recalca que las condiciones de los funcionarios, como ser mutualista, no son privilegios, sino derechos adquiridos tras superar oposiciones: «Si nos quitan este sistema, se pierde parte de lo que hemos ganado con esfuerzo».
La situación actual exige un diálogo urgente entre las aseguradoras, el gobierno y los colectivos implicados. «No se puede jugar con la sanidad de tantas personas», concluye Sara.
Mientras tanto, miles de funcionarios en Sevilla y en toda España esperan respuestas claras que aseguren su atención médica, conscientes de que cualquier decisión tendrá repercusiones a nivel nacional.
