Familias y exalumnos del Irlandesas de Loreto denuncian que el colegio “protege a los acosadores”
Colegio Irlandesas de Loreto, familias denuncian inacción ante el acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña
El suicidio de Sandra Peña, una alumna de 14 años del colegio Irlandesas de Loreto, ha abierto el debate sobre la gestión del acoso escolar en los centros concertados.
Su muerte, ocurrida el pasado martes, ha destapado una cadena de denuncias por parte de familias y antiguos estudiantes que coinciden en un mismo mensaje como es que el colegio “actúa con mano de seda con los acosadores” y minimiza los hechos hasta calificarlos de “cosas de niños”, algo que es inadmisible.
Padres de alumnos actuales y antiguos aseguran que las advertencias a los presuntos acosadores nunca van más allá de una “amonestación verbal” y que en muchos casos ni siquiera informan a las familias de los agresores.
Un padre, cuyo hijo también ha sido víctima de agresiones dentro del mismo centro, relata que el menor fue golpeado por sus compañeros mientras estaba en el suelo y que, pese a denunciarlo, “la dirección no tomó ninguna medida”.
Por miedo a represalias, prefiere mantener el anonimato, pero resume su frustración en una frase que se repite entre los afectados: “Aquí los que se portan mal son los que mandan”.
Acusaciones de pasividad institucional
El caso de Sandra Peña ha sido elevado a la Fiscalía por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tras detectar indicios de que la menor fue víctima de acoso continuado sin que el colegio activara el protocolo antiacoso ni el de prevención del suicidio, ambos obligatorios por ley. Sin embargo, las familias consultadas aseguran que no es un caso aislado.
Una madre denuncia que su hijo, un alumno con expediente brillante, fue acosado durante dos cursos ya que sufrió insultos, robos de material y episodios de ansiedad que le obligaron a dejar de asistir a clase durante un trimestre.
Al comunicarlo al colegio, la dirección intentó “restar gravedad” al asunto y le pidió no acudir a la Delegación de Educación, prometiendo que “reconduciría la situación”. La única medida fue separar a su hijo de los acosadores, una solución que, según las familias, no resuelve el problema.
Falta de vigilancia y desconfianza en el colegio
El servicio de Orientación Educativa del colegio también está en el punto de mira. Padres y madres lo acusan de minimizar mucho los hechos y de atribuir los comportamientos de las víctimas a “problemas familiares”.
“Dicen que los niños traen los problemas de casa y que en el colegio no pasa nada”, lamentaba una madre que terminó cambiando a su hija de centro. “Niegan todo lo que sucede y hacen sentir culpables a los alumnos que piden ayuda”, añade.
Varios testimonios coinciden en que las agresiones se producen en los recreos y pasillos, en los que “apenas hay vigilancia”. “Separar en clases distintas no sirve de nada si en el patio siguen insultando o empujando a las víctimas”, explica otro padre.
Historias que se repiten
El caso de Andrea, una antigua alumna de las Irlandesas de Loreto, en declaraciones a Diario de Sevilla, refuerza la percepción de que el problema viene de lejos.
Estudió en el centro desde Primaria hasta la ESO y asegura haber sufrido años de acoso constante tales como burlas, empujones, robos y humillaciones “a la vista de los profesores”.
“Un día, el actual director vio cómo un compañero me arrastraba del pelo por el suelo y no dijo ni una palabra”, recordaba.
Andrea relata que cada vez que acudía a la dirección, la respuesta era siempre la misma: “Que no exagerara, que no lo contara en casa, que eran cosas que se arreglan hablando”.
Con el tiempo, el miedo se convirtió en ansiedad y rechazo a acudir al colegio. “Me hicieron sentir invisible y culpable. Hoy, ver que otra niña ha vivido lo mismo en el mismo lugar es devastador”.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado que está recabando información y que la Fiscalía de Menores evaluará si hubo negligencia en la actuación del centro.
Entre tanto, las familias reclaman una revisión urgente de los protocolos y más vigilancia en los patios y redes sociales.
“Una niña de 14 años ha muerto por culpa del silencio”, lamentaba una de las madres que hoy se atreve a alzar la voz. “El colegio no puede seguir negando lo que ocurre. Si no cambian las cosas, el caso de Sandra no será el último”.