El Gobierno central ha evitado implicarse directamente en la controversia suscitada por el proyecto urbanístico que amenaza el entorno del dolmen de Montelirio, en Castilleja de Guzmán (Sevilla), y ha señalado que la responsabilidad de su protección corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía. Así lo ha trasladado en una respuesta oficial emitida el pasado 29 de abril, en la que deja claro que es el Gobierno autonómico quien debe asegurar la preservación de este enclave arqueológico milenario.
El dolmen de Montelirio, uno de los vestigios más significativos de la Edad del Cobre en Europa occidental, está en el centro de un creciente conflicto tras la propuesta de la promotora Coliseum Real Estate de urbanizar los suelos colindantes, en el sector conocido como PP4. La iniciativa ha despertado una intensa ola de rechazo por parte de la comunidad científica y organizaciones conservacionistas, que advierten de los graves daños que una intervención urbanística podría causar en este patrimonio aún no completamente excavado.
La diputada de Sumar por Sevilla, Engracia Rivera, fue quien planteó al Gobierno si pensaba intervenir para proteger el área o adquirir los terrenos, ante lo que calificó como una “falta de compromiso manifiesta” de la Junta, presidida por Juanma Moreno (PP). La respuesta del Ejecutivo fue tajante: «La administración competente es la Junta de Andalucía, ya que la parcela pertenece al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán». La legislación estatal y autonómica vigente, recordaron, establece que son las comunidades autónomas las encargadas de aplicar medidas de protección sobre bienes patrimoniales.
La polémica urbanización
El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, gobernado también por el PSOE, ha defendido que el terreno afectado no se encuentra oficialmente dentro de los límites protegidos, aunque reconoce la necesidad de una revisión. En una reciente reunión con la delegada territorial de Cultura, Carmen Ortiz, se acordó recordar a la promotora su obligación de solicitar un estudio previo a la Junta. Asimismo, el consistorio anunció que pedirá una ampliación del área protegida declarada en 2010 como Zona Arqueológica.
Este perímetro abarca más de 770 hectáreas que comprenden los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, donde se ubican también los dolmenes de La Pastora y Matarrubilla. Investigadores afirman que se trata de un único y vasto asentamiento calcolítico, del que Montelirio sería un epicentro ceremonial de primer orden.
La iniciativa para urbanizar ha sido fuertemente rechazada por más de 120 expertos, entre ellos 37 catedráticos, 34 profesores universitarios y numerosos arqueólogos de renombre. A través de manifiestos, publicaciones y una recogida masiva de firmas, insisten en que cualquier alteración urbanística pondría en peligro restos aún por descubrir, además de comprometer la integridad visual y científica del lugar.
«Un crimen patrimonial»
El arqueólogo y profesor de la Universidad de Sevilla Leonardo García Sanjuán ha calificado el proyecto de la promotora como un “crimen patrimonial”, denunciando que dejaría los monumentos “encarcelados en un sarcófago de hormigón”. Especialmente preocupante, explica, es el impacto en la tumba de la llamada Señora del Marfil, uno de los hallazgos más singulares de la prehistoria peninsular, rodeada de ofrendas y sepulturas aún sin excavar.
La promotora, por su parte, sostiene que su propuesta respeta la zona de protección delimitada en 2010 y que las parcelas donde se proyecta la construcción quedan fuera del “subsector ZA-IB”, definido como espacio arqueológico protegido. No obstante, los expertos insisten en que los límites actuales son insuficientes y obsoletos, y piden su ampliación inmediata.
El caso de Montelirio plantea un dilema de fondo sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y conservación patrimonial. Mientras el Gobierno central se aparta del conflicto amparándose en la legalidad, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento quedan ahora bajo el foco, con la presión creciente de la comunidad científica, medios de comunicación y ciudadanía.
El desenlace dependerá de la respuesta institucional ante una situación que no solo pone en juego uno de los mayores vestigios prehistóricos del sur de Europa.
