Cuatro de las principales organizaciones sindicales con representación en el ámbito sanitario andaluz —UGT, CCOO, SATSE y CSIF— han protagonizado un encierro de 24 horas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La protesta, que cierra una serie de movilizaciones llevadas a cabo en distintos hospitales de la comunidad, busca denunciar lo que consideran un «progresivo desmantelamiento» de la sanidad pública por parte del Gobierno autonómico.
La acción comenzó tras una asamblea celebrada en el Edificio de Gobierno del propio hospital, un centro emblemático en el sistema sanitario andaluz. Desde allí, los portavoces sindicales lanzaron duras críticas contra la gestión de la Junta, con especial foco en el incumplimiento del llamado Pacto por la Atención Primaria. Según denuncian, de los 20 compromisos recogidos en ese acuerdo, apenas se han cumplido dos.
«Lo que está ocurriendo en la sanidad pública andaluza es insostenible y no se puede tolerar por más tiempo», expresó José Sánchez Gámez, representante de SATSE, quien adelantó que esta protesta es solo el inicio de una segunda fase de movilizaciones. Como próximo paso, anunciaron una gran manifestación para el 5 de abril que finalizará ante el Parlamento andaluz, con el objetivo de sumar el respaldo de partidos políticos, plataformas ciudadanas y asociaciones.
En la misma línea, Victorino Girela, de CSIF, reprochó a la Consejería de Salud su falta de compromiso con el pacto alcanzado, especialmente en lo referente a la carrera profesional, una herramienta clave —dijo— para acabar con las diferencias salariales entre comunidades y para dignificar las condiciones laborales del personal sanitario. Además, alertó de un aumento del 20% en las agresiones a profesionales de la salud, fenómeno que atribuyó al malestar y la frustración de la ciudadanía ante el deterioro de la atención.
Por su parte, José Pelayo, de CCOO, insistió en que el incumplimiento de ese pacto no tiene tanto que ver con mejoras salariales, sino con garantizar una atención digna y de calidad a la población. Antonio Macías, de UGT, subrayó la «angustia» creciente entre los trabajadores y los pacientes por la falta de recursos y el progresivo deterioro del sistema sanitario público.
Desde el movimiento ciudadano Marea Blanca, Sebastián Martín Recio denunció lo que calificó como una estrategia planificada de degradación de los servicios públicos, con el objetivo final de favorecer el negocio de la sanidad privada. «Bajo el pretexto de la colaboración público-privada, se está desviando dinero público hacia intereses privados, lo que deja cada vez más debilitada a la sanidad pública», afirmó.
La versión de la Junta
Desde la Consejería de Salud, el Gobierno andaluz mostró su respeto por la protesta, al tiempo que defendió su gestión sanitaria. Fuentes de la Consejería recordaron que el presupuesto sanitario actual es el más alto de la historia de Andalucía y que el porcentaje destinado a conciertos privados es el más bajo de la última década.
El departamento que dirige Catalina García sostuvo además que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) atiende hoy a un 20% más de pacientes que hace seis años y realiza más intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas. Insistieron también en que los acuerdos firmados con los sindicatos se están cumpliendo y avanzaron que en los próximos días se celebrará un nuevo encuentro para abordar propuestas y soluciones a los principales retos del sistema.
En relación a la Atención Primaria, la Consejería destacó que actualmente se le destina el 35% del presupuesto sanitario, un porcentaje que —según recalcaron— supera en diez puntos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lo pactado en su momento con los propios sindicatos.
