El plan del Ayuntamiento de Sevilla para acabar con la venta ilegal en los mercadillos
Seguridad reforzada en los mercadillos de Sevilla, 41 vigilantes para frenar la venta ilegal y garantizar el orden
El Ayuntamiento de Sevilla, bajo el mandato de José Luis Sanz, pondrá en marcha un ambicioso plan de seguridad para blindar los mercadillos ambulantes durante los años 2026 y 2027.
Un total de 41 vigilantes privados se distribuirán semanalmente entre una decena de ubicaciones con el objetivo de erradicar la venta sin licencia, evitar altercados y poner fin a los cobros ilegales en los aparcamientos.
La decisión, según recoge el pliego municipal, responde a la falta de medios propios del Consistorio para cubrir la vigilancia necesaria. Por ello, el servicio será externalizado a una empresa privada, siguiendo la línea adoptada en los últimos años. En 2024 se encargó Grupo Torneo Seguridad S.L.U., mientras que en 2025 lo hace Eleven Decen Events S.L..
Las compañías interesadas en asumir la vigilancia para el nuevo periodo podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de noviembre de 2025.
El contrato, con un presupuesto total de 856.326,41 euros (IVA incluido), tendrá una duración de dos años, comenzando el 24 de enero de 2026. Los vigilantes trabajarán en horario de 7:00 a 15:30 horas, aunque el pliego contempla posibles modificaciones si las circunstancias lo requieren.
Diez mercadillos de Sevilla bajo control permanente
Los mercadillos se repartirán entre miércoles y domingo, con presencia de agentes en cada jornada según la afluencia y el riesgo detectado. Así, el dispositivo cubrirá los de Cerro Amate (miércoles), San Pablo-Santa Justa y Polígono Sur (jueves), Pino Montano –en la calle Estrella de Oriente– y Ronda del Tamarguillo (viernes), Torreblanca (sábado), y los de Pino Montano-Cortijo de las Casillas, San Jerónimo, Mercatemático y Parque Alcosa (domingo).
El mercadillo de Parque Alcosa será el más vigilado, con 15 agentes desplegados. Le siguen los de Pino Montano, Ronda del Tamarguillo y Mercatemático, cada uno con cuatro vigilantes. Tres agentes se ocuparán de San Pablo-Santa Justa, mientras que Cerro Amate, Torreblanca y Polígono Sur contarán con dos. Por último, el mercadillo de San Jerónimo dispondrá de un único vigilante.
El número de efectivos podría variar según las necesidades del momento o la aparición de nuevas ubicaciones. El contrato prevé una cierta flexibilidad para redistribuir los recursos si surgen circunstancias que requieran refuerzos o modificaciones.
Las funciones de los vigilantes irán más allá de la mera presencia disuasoria. Tendrán la misión de proteger bienes y personas, controlar los accesos, vigilar el aforo mediante sistemas de conteo y supervisar el montaje y desmontaje de los puestos.
Además, deberán verificar la identidad de los vendedores mediante la tarjeta acreditativa emitida por el Servicio de Consumo, comprobando que cada comerciante ocupa el lugar asignado y posee la licencia correspondiente.
En caso de detectar irregularidades, los agentes podrán comunicar la incidencia a la Policía Local, que tendrá autoridad para levantar el puesto. Si se localizan vendedores sin autorización, estos serán requeridos a abandonar el lugar y se aportará prueba fotográfica para su registro.
Los vigilantes también prestarán atención a personas o comportamientos que puedan levantar sospechas, con la posibilidad de retener temporalmente a los implicados hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Adiós a los “gorrillas” en los aparcamientos
Uno de los objetivos más destacados del plan será eliminar el cobro indebido en los aparcamientos. Los vigilantes garantizarán que el estacionamiento siga siendo gratuito y que ninguna persona realice cobros a los usuarios. En caso de incidencias, deberán elaborar un informe semanal que será remitido al Servicio de Consumo antes del jueves siguiente.
Cada vigilante percibirá un salario bruto mensual de 1.353,05 euros, equivalente a 20.295,75 euros anuales, según el convenio estatal del sector.
Con este despliegue, el Ayuntamiento pretende consolidar una red de mercadillos más seguros, ordenados y libres de prácticas ilegales. La medida busca, además, mejorar la experiencia de los visitantes y comerciantes, reforzando la imagen de estos espacios como puntos de encuentro tradicionales y de dinamización económica para los barrios.