El Gobierno declara zonas catastróficas seis municipios andaluces tras los incendios del verano
De este modo, los vecinos deberán presentar las solicitudes de forma individual para acceder a las compensaciones disponibles
El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes declarar a seis municipios de Andalucía como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil, la figura conocida anteriormente como “zona catastrófica”.
La decisión responde a los incendios forestales en toda España que se registraron durante este verano y que devastaron miles de hectáreas, afectando a vecinos, explotaciones agrarias e infraestructuras.
Con esta declaración, los afectados podrán acceder a ayudas económicas, beneficios fiscales y actuaciones extraordinarias que buscan facilitar la recuperación de las áreas dañadas.
Los municipios afectados por los incendios forestales en Sevilla y Andalucía
Las localidades andaluzas que recibirán la referida calificación son:
El Garrobo (Sevilla), por el incendio declarado el 1 de julio.
Algeciras (Cádiz), donde las llamas arrasaron monte y matorral el 11 de julio.
Castillo de la Albaida (Córdoba), que sufrió un fuego el 22 de julio.
Tarifa (Cádiz), afectada por dos incendios forestales los días 5 y 8 de agosto.
Jabugo (Huelva), por el fuego declarado el 12 de agosto.
Bonales (Huelva), donde otro incendio se registró el 17 de agosto.
Estos seis municipios se suman a una gran lista de localidades en toda España que han sido reconocidas bajo este mecanismo de protección tras el verano más crítico en materia medioambiental de los últimos años.
Qué implica la declaración
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que la medida “no contiene ayudas concretas”, pero abre el procedimiento legal para que los ministerios competentes dicten órdenes y resoluciones específicas.
De este modo, los vecinos deberán presentar las solicitudes de forma individual para acceder a las compensaciones disponibles. La Ley de Protección Civil contempla indemnizaciones por daños personales, viviendas y enseres domésticos, además de reducciones fiscales y bonificaciones en cotizaciones sociales.
En los casos más graves, las ayudas pueden alcanzar hasta 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad, y entre 2.500 y 15.000 euros por daños materiales en viviendas y propiedades. También se contemplan medidas de apoyo a las explotaciones agrarias y la posibilidad de activar contratos de emergencia para acelerar la reconstrucción de infraestructuras esenciales.
Grande-Marlaska subrayó que lo fundamental es que los damnificados puedan “iniciar cuanto antes los trámites para recuperar cierta normalidad”, destacando que el Gobierno busca garantizar una respuesta ágil en la gestión de la emergencia.
El alcance de las catástrofes de este verano ha sido de carácter nacional. El Ejecutivo ha declarado zonas catastróficas en 16 de las 17 comunidades autónomas, con la única excepción del País Vasco.
En total, se han contabilizado 118 episodios de emergencia durante los meses estivales: 113 grandes incendios forestales y cinco episodios de lluvias torrenciales. El ministro del Interior calificó esta situación como “una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años”.
Los incendios, intensificados por las olas de calor y la sequía prolongada, han puesto de relieve la necesidad de reforzar la prevención, así como la coordinación entre administraciones autonómicas, locales y estatales para responder a estos fenómenos extremos.
En Andalucía, región especialmente castigada por las altas temperaturas y la falta de lluvias, los incendios forestales han causado graves pérdidas ambientales y económicas. Además de afectar a viviendas y explotaciones, han dañado zonas de alto valor ecológico y turístico.
El Gobierno andaluz ya había activado planes de emergencia para la lucha contra el fuego, pero la magnitud de los episodios registrados en julio y agosto obligó a desplegar refuerzos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios aéreos estatales.
Con la declaración aprobada por el Consejo de Ministros, las seis localidades afectadas podrán iniciar un proceso de recuperación que, según reconocen las autoridades, será lento y complejo, pero imprescindible a fin de devolver la normalidad a sus vecinos y entornos naturales.