El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un incremento de 330,5 millones de euros en la licitación del concierto de Muface, elevando así la prima ofrecida a las aseguradoras hasta un 41,5% más con respecto al concierto anterior. Esta subida, que sitúa el valor total del contrato en 4.808,5 millones de euros para el periodo 2025-2027, responde a las dificultades del Gobierno para garantizar la continuidad del modelo sanitario que cubre a más de 1,5 millones de funcionarios en España.
El aumento de la dotación económica se produce después de que varias compañías aseguradoras, como Adeslas o DKV, manifestaran su desinterés en participar en el nuevo concierto si no se les garantizaba una compensación mayor. Las aseguradoras alertaban de que, incluso con la subida del 33,5% anunciada en diciembre, seguirían acumulando pérdidas debido a los costes crecientes de la atención sanitaria privada y la falta de una actualización suficiente de las primas en los últimos años.
Ante esta situación, el Gobierno ha decidido modificar la licitación para hacerla más atractiva a las aseguradoras y evitar así una posible crisis en la cobertura sanitaria de los funcionarios. La medida, sin embargo, no ha sido bien recibida por todos los sectores implicados. Desde los sindicatos se denuncia que este aumento de la prima es insuficiente para mejorar la calidad asistencial de los usuarios de Muface, quienes llevan años viendo cómo se reducen sus opciones de atención en la sanidad privada debido a la fuga de aseguradoras y profesionales.
Funcionarios desatendidos y un sistema en riesgo
Uno de los problemas más graves que enfrentan los afiliados a Muface es la creciente reducción de médicos y centros disponibles en la sanidad privada. En los últimos años, muchos hospitales y especialistas han dejado de atender a pacientes de Muface debido a las bajas tarifas que las aseguradoras pagan por cada consulta y procedimiento médico. Esto ha llevado a que cada vez más funcionarios tengan que recurrir a la sanidad pública, sobrecargando un sistema ya tensionado.
Según datos de asociaciones de usuarios, en algunas comunidades autónomas los afiliados a Muface tienen dificultades para acceder a especialidades médicas clave, como dermatología, ginecología o traumatología, debido a la falta de profesionales disponibles en los cuadros médicos de las aseguradoras. Esta situación se ha agravado especialmente en ciudades pequeñas y medianas, donde las opciones de atención privada son más limitadas.
El problema ha provocado que un número creciente de funcionarios opte por abandonar Muface y solicitar su traslado al sistema público de salud. Esto ha generado un efecto dominó, ya que la llegada masiva de nuevos pacientes a los hospitales y centros de salud públicos ha incrementado la presión asistencial, contribuyendo al colapso de un sistema que ya enfrenta listas de espera cada vez más largas.
Una huelga para exigir soluciones
En este contexto, el sindicato CSIF ha anunciado la convocatoria de una huelga de funcionarios para el próximo 13 de febrero con el objetivo de presionar tanto al Gobierno como a las aseguradoras. Los representantes sindicales denuncian que la falta de inversión y la precarización del modelo Muface están obligando a los funcionarios a recibir una atención sanitaria de menor calidad, con tiempos de espera excesivos y una progresiva exclusión de centros de referencia.
“El Gobierno está permitiendo que las aseguradoras sigan reduciendo la asistencia sin ofrecer alternativas reales. Cada vez más médicos dejan de atender por Muface, y el sistema público, que ya está desbordado, no puede asumir a todos los funcionarios que quieren pasarse”, explica un portavoz de CSIF.
Desde el sindicato exigen que, además del aumento de la prima, se garantice una mayor supervisión de los servicios que prestan las aseguradoras y se establezcan compromisos concretos para que los médicos y hospitales continúen atendiendo a los afiliados de Muface. Asimismo, reclaman que los funcionarios que deseen trasladarse al sistema público puedan hacerlo de manera más ágil, sin restricciones que les obliguen a permanecer en una sanidad privada que no puede cubrir sus necesidades.
El futuro incierto del modelo Muface
El modelo de asistencia sanitaria para funcionarios, que permite elegir entre la sanidad pública y la privada a través de aseguradoras concertadas, se encuentra en una encrucijada. Mientras el Gobierno trata de garantizar su viabilidad con el aumento de la prima, las aseguradoras siguen exigiendo mayores compensaciones y una menor duración del contrato, lo que genera incertidumbre sobre su compromiso a largo plazo.
De momento, la nueva licitación mantiene el concierto con una duración de tres años, aunque algunas aseguradoras habían propuesto que se redujera incluso a un solo año, lo que permitiría renegociar las condiciones en un plazo más corto.
Por otro lado, la sanidad pública sigue viendo cómo cada vez más funcionarios solicitan ser atendidos en sus centros, añadiendo presión a un sistema que ya enfrenta importantes problemas de financiación y recursos humanos. La combinación de una sanidad pública desbordada y una sanidad privada que reduce su cobertura pone en peligro el equilibrio de un modelo que, hasta hace pocos años, era considerado un referente en la atención a funcionarios.
La huelga convocada para el 13 de febrero será una prueba clave para medir el nivel de descontento entre los funcionarios y la capacidad del Gobierno para responder a sus demandas. Mientras tanto, miles de afiliados a Muface seguirán enfrentándose a un panorama incierto en el acceso a la asistencia sanitaria que necesitan.
