El futuro judicial de Chaves y Griñán, seis años después, en manos de Europa: lo que decidirá el TJUE en 2026
El futuro judicial de Chaves y Griñán, en manos de Europa: lo que decidirá el TJUE en 2026
Seis años después de la primera sentencia de la llamada pieza política del Caso ERE, el futuro judicial de Manuel Chaves y José Antonio Griñán se juega, esta vez, en Luxemburgo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) examinará durante 2026 la cuestión prejudicial elevada por la Audiencia Provincial de Sevilla, que busca aclarar si el Tribunal Constitucional (TC) español se extralimitó al revisar y anular parcialmente las condenas impuestas a los expresidentes andaluces y otros altos cargos de la Junta.
La decisión europea podría redefinir los límites entre el control constitucional y la independencia judicial, en un caso que lleva más de una década marcando el debate político y jurídico en España.
Un proceso que sigue abierto seis años después
El 19 de noviembre de 2019, la Audiencia de Sevilla dictó la primera sentencia de la pieza política del Caso ERE, condenando a los exmandatarios socialistas y a otros exconsejeros por prevaricación y malversación.
Tres años más tarde, en 2022, el Tribunal Supremo confirmó gran parte de la resolución. Sin embargo, el giro llegó en 2024, cuando el Tribunal Constitucional anuló parcialmente las condenas al estimar vulneraciones en la valoración de las pruebas.
Esa intervención del TC, inédita en la historia judicial reciente, provocó que la Sección Primera de la Audiencia sevillana solicitara ayuda a Europa. El pasado 17 de julio de 2025, los magistrados elevaron una cuestión prejudicial al TJUE para determinar si el Constitucional había invadido competencias reservadas a los tribunales ordinarios.
Desde entonces, el proceso ha avanzado lentamente. En septiembre de 2025, el tribunal europeo pidió a la Audiencia información adicional, y el 30 de ese mismo mes Sevilla envió una diligencia de ordenación corrigiendo y completando la documentación.
Para finalizar, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 15 de diciembre de 2025 la admisión formal de la cuestión, con las cuatro preguntas clave que marcarán el rumbo del caso.
Cuatro preguntas que pueden cambiar la jurisprudencia española
La Audiencia Provincial de Sevilla cuestiona, en primer lugar, si el Tribunal Constitucional se extralimitó al reexaminar pruebas y sustituir el criterio de los jueces de instancia, lo que podría vulnerar el principio de independencia judicial.
El segundo punto aborda si la interpretación del TC deja sin control judicial suficiente la actividad presupuestaria de las administraciones, generando una posible desprotección del patrimonio público y una pérdida de confianza ciudadana.
La tercera pregunta se centra en la lucha contra la corrupción y el fraude, alertando de que las resoluciones del Constitucional podrían contravenir los compromisos internacionales y europeos en materia de transparencia y control de fondos públicos.
Por último, los magistrados sevillanos formulan una cuestión de enorme trascendencia: si el Derecho de la Unión Europea permite que un tribunal español no aplique una sentencia del Tribunal Constitucional cuando considera que vulnera el marco jurídico europeo.
El papel del TJUE y los tiempos del procedimiento
El procedimiento prejudicial ante el TJUE está regulado en el Protocolo número 3 de su Estatuto, y se divide en dos fases: una escrita, donde las partes presentan sus alegaciones, y una oral, que puede incluir audiencia pública y la intervención del Abogado General. Este último emitirá una opinión no vinculante, pero que suele orientar el sentido final de la resolución.
Una vez concluida la deliberación, el TJUE dictará una sentencia interpretativa que será vinculante para el tribunal español. Según fuentes jurídicas consultadas, el fallo podría conocerse a lo largo de 2026, aunque los plazos dependen del volumen de trabajo del tribunal y la complejidad del caso.
“Debería resolverse este año”, sostiene una fuente del entorno judicial. Otra, más prudente, advierte: “Estos procedimientos pueden tardar más de lo previsto”. En cualquier caso, coinciden en que no será un proceso tan largo como un recurso ordinario.
Un fallo que marcará un antes y un después
Cuando Luxemburgo se pronuncie, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla deberá acatar la interpretación europea y decidir si modifica su sentencia en el sentido indicado por el Tribunal Constitucional o si mantiene las condenas originales.
El propio Reglamento del TJUE, en su artículo 104, establece que el tribunal nacional podrá incluso formular nuevas preguntas si considera insuficiente la respuesta inicial. Pero, en todo caso, la sentencia europea será obligatoria.
Más allá del desenlace judicial, el Caso ERE vuelve a situar a España ante un debate de fondo como son los límites entre la justicia nacional, la Constitución y la tutela europea. Luxemburgo tiene ahora la palabra sobre un caso que no solo afecta a dos expresidentes, sino también a la arquitectura misma del poder judicial español.