El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de La Torre Rodríguez, ha comparecido este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla para ratificar los dos burofaxes enviados al Juzgado de Instrucción número 4, en los que advertía sobre la falta de titulación del perito que ha intervenido en el caso Marta del Castillo. Además, denunciaba que este experto habría mostrado pruebas en platós de televisión.
El magistrado Eugenio Pradilla Gordillo tomó declaración a De La Torre en el marco de las diligencias previas 843/2024, relacionadas con posibles delitos de intrusismo profesional y revelación de secretos. Durante la comparecencia, el decano confirmó el contenido de los burofaxes enviados en 2023 y 2024.
Según informó el CPITIA, recientemente se ha presentado una querella criminal contra el perito investigado, ya que hasta ahora el colegio desconocía la existencia de un procedimiento judicial en curso sobre los avisos emitidos. La Asamblea del Colegio aprobó por unanimidad la interposición de la querella en enero pasado con el objetivo de evitar que estos hechos quedaran impunes.
Sin titulación oficial
El CPITIA también ha remarcado que el querellado se ha atribuido públicamente la condición de perito informático en diferentes medios de comunicación, plataformas digitales e internet. En su perfil en la «Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España (ASPEJURE)» figura como perito judicial, sin especificar que no cuenta con la titulación oficial para ejercer en esta especialidad.
De acuerdo con la legislación vigente, la peritación informática es una competencia exclusiva de los ingenieros técnicos en informática. En Andalucía, la normativa exige estar colegiado para ejercer esta profesión, según lo establecido en la Ley 12/2005. Además, las competencias necesarias para la realización de peritaciones informáticas están detalladas en la Resolución de 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades.
El colegio profesional sostiene que existen «sólidos indicios» de que el investigado ha incurrido en un delito de intrusismo profesional, al ejercer funciones sin la titulación correspondiente. Además, subraya que el querellado habría inducido a error al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, lo que le permitió participar en un caso de gran repercusión mediática. «Su actuación ha sido tal que incluso logró engañar a ASPEJURE, ya que no pertenece a ningún colegio profesional ni tiene la titulación habilitante», señala el comunicado del CPITIA. La entidad también destaca que el perito participó en el documental de Netflix sobre el caso Marta del Castillo.
Posible delito de revelación de secretos
Por otro lado, el CPITIA denuncia que el querellado podría haber cometido un delito de revelación de secretos, al divulgar información privada del condenado Miguel Carcaño y de su pareja en medios de comunicación. Entre los datos expuestos figuran imágenes personales y mensajes privados, lo que podría constituir una vulneración del artículo 199.2 del Código Penal, que castiga a los profesionales que incumplan su obligación de sigilo o reserva.
Además, el CPITIA recalca que la actuación del perito habría violado el código deontológico de ASPEJURE, que establece que un perito judicial no puede divulgar información obtenida en el ejercicio de sus funciones ni utilizarla en beneficio propio o de terceros.
La investigación judicial sigue su curso para determinar las posibles responsabilidades legales del querellado en este caso.
