Intervención de una narcolancha por parte de Ocon Sur.

El caso del clan de los Lanas acaba con penas mínimas para 21 narcos en Sevilla

Penas mínimas para 21 colaboradores del clan de los Lanas por el tráfico de hachís en el Guadalquivir

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La Audiencia de Sevilla ha dejado visto para sentencia el caso contra varios colaboradores del conocido clan de los Lanas, una organización vinculada al tráfico de hachís por el río Guadalquivir.

Veintiún acusados aceptaron penas de prisión reducidas tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Antidroga antes de la celebración del juicio.

El pacto rebaja de forma notable las solicitudes iniciales del Ministerio Público y fija condenas que, en la mayoría de los casos, no alcanzan los dos años de cárcel.

Las condenas acordadas establecen una pena principal de un año y nueve meses de prisión por delitos contra la salud pública además de multas que suman veinte millones de euros.

Si bien la cifra parece elevada el acuerdo permite sustituir cada sanción económica impagada por diez días de arresto lo que reduce notablemente el impacto real de las condenas.

Para varios de los acusados la resolución abre incluso la puerta a solicitar la suspensión de la pena de cárcel al tratarse de castigos inferiores a dos años y carecer de antecedentes graves.

Durante la investigación policial conocida como Operación Trompo la Guardia Civil llegó a detener a cuarenta y dos personas presuntamente vinculadas con la red logística que daba apoyo al clan.

La causa judicial se centra en el papel desempeñado por estos colaboradores cuya función consistía principalmente en facilitar la llegada de grandes cargamentos de hachís desde el litoral hasta distintos puntos de la provincia de Sevilla utilizando el Guadalquivir como vía de entrada y distribución.

Transporte y almacenamiento de la draga por el Guadalquivir

Según el escrito de la Fiscalía los procesados actuaban de manera organizada con el objetivo de garantizar la logística necesaria para el transporte almacenamiento y posterior distribución de la droga.

Algunos se encargaban de custodiar las embarcaciones semirrígidas utilizadas para los alijos mientras otros trabajaban como mecánicos especializados en reparar y poner a punto las narcolanchas antes de cada travesía.

También había miembros dedicados a tareas de vigilancia coordinación y abastecimiento.

La organización contaba con diferentes equipos especializados. Cinco personas asumían labores de logística seguridad y guardería de material náutico mientras siete se ocupaban del mantenimiento mecánico de las lanchas rápidas.

Tres integrantes coordinaban el traslado de las embarcaciones hasta los puntos de salida. Cuatro actuaban como pilotos encargados de navegar por el río y ocho más participaban en la recogida de los cargamentos y su distribución posterior.

De acuerdo con la acusación la estructura estaba dirigida por tres responsables principales que coordinaban las distintas áreas del entramado.

Su papel resultaba clave para mantener la comunicación con el llamado clan de los Lanas considerado uno de los grupos más activos en el narcotráfico del entorno del Guadalquivir.

Los investigadores sostienen que esta red de apoyo permitía que las operaciones de transporte y descarga de droga se realizaran con mayor rapidez y discreción.

Inicialmente la Fiscalía planteó penas mucho más elevadas para los implicados. En su escrito de acusación solicitaba hasta seis años de prisión por delitos contra la salud pública además de cuantiosas multas económicas.

También incluía cargos por contrabando y tenencia ilícita de armas para algunos de los investigados. Sin embargo la prolongada duración del procedimiento judicial y la decisión de los acusados de reconocer los hechos facilitaron la negociación de un acuerdo de conformidad.

Durante la vista celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el tribunal preguntó individualmente a cada acusado si aceptaba el pacto alcanzado con el Ministerio Público.

Todos respondieron afirmativamente lo que permitió dejar el juicio visto para sentencia. Ahora las defensas deberán presentar por escrito la solicitud de suspensión de las penas de prisión una medida que podría evitar su ingreso en la cárcel si el tribunal la concede.

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