Pintadas en el muro exterior del colegio de las Irlandesas de Loreto.
Muro exterior del Colegio de las Irlandesas del Loreto.

El caso de Sandra Peña: la Junta de Andalucía reabrirá el expediente si la Fiscalía detecta responsabilidades

La Junta de Andalucía espera el informe de la Fiscalía sobre el caso de la joven Sandra Peña antes de reabrir el expediente

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La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía permanece a la espera de las conclusiones que emita la Fiscalía sobre el trágico caso de Sandra Peña, la estudiante sevillana de 14 años que se quitó la vida hace dos meses por el presunto acoso escolar sufrido.

La joven cursaba estudios en el colegio concertado Irlandesas Loreto, y su muerte ha generado una profunda conmoción tanto entre los estudiantes como en la ciudad.

La consejera Carmen Castillo explicó en rueda de prensa, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que el expediente administrativo abierto por la Junta de Andalucía se encuentra actualmente suspendido de forma temporal hasta que la Fiscalía determine si existen o no hechos que puedan considerarse delictivos.

“Cuando ocurre algo en un centro educativo y se traslada a la Fiscalía, la administración debe esperar las conclusiones antes de adoptar decisiones internas”, indicó.

El pasado 17 de noviembre declararon ante la Fiscalía las tres menores señaladas como presuntas acosadoras de Sandra. A partir de esos testimonios y de las pruebas recabadas, el Ministerio Público deberá establecer si hay responsabilidades penales o administrativas tanto por parte del centro escolar como de las estudiantes implicadas. Solo entonces, según indicó Castillo, la Consejería podrá reabrir el expediente y actuar conforme a la normativa vigente.

La investigación sobre la muerte de Sandra Peña sigue abierta

El caso de Sandra Peña se encuentra en plena fase de investigación judicial. La Fiscalía de Menores de Sevilla analiza los hechos con el objetivo de determinar si existió acoso escolar, omisión de deber de vigilancia por parte del colegio o cualquier otro comportamiento que pueda derivar en responsabilidades legales.

Desde la Junta, se insiste en la necesidad de respetar los tiempos judiciales y no interferir en las diligencias. “La prioridad es que la investigación sea rigurosa y que se esclarezcan los hechos con todas las garantías”, apuntó la consejera.

Mientras tanto, se ha constituido ya una comisión de conciliación entre la administración educativa y el centro Irlandesas Loreto, aunque sus actuaciones permanecen paralizadas hasta conocer el pronunciamiento de la Fiscalía.

El suicidio de Sandra ha vuelto a poner sobre la mesa la problemática del acoso escolar en los centros educativos, así como la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención y actuación. Asociaciones de padres y madres, colectivos educativos y organizaciones especializadas en salud mental juvenil han reclamado mayor formación del profesorado, detección temprana de conductas de hostigamiento y apoyo psicológico inmediato a las víctimas.

La Consejería de Desarrollo Educativo ha reiterado su compromiso con la tolerancia cero frente al acoso escolar, recordando que Andalucía cuenta con un protocolo específico para actuar ante cualquier sospecha. No obstante, el caso de Sandra Peña ha evidenciado que la coordinación entre instituciones y familias sigue siendo un desafío en situaciones de riesgo.

Expectación ante las conclusiones de la Fiscalía

En los próximos días, la Fiscalía podría emitir su informe definitivo, un documento que será clave para determinar los siguientes pasos. Si se aprecian responsabilidades, el expediente se reabrirá y podrían aplicarse sanciones tanto a nivel administrativo como disciplinario.

En caso contrario, el procedimiento quedará archivado, aunque la Junta de Andalucía prevé revisar los protocolos internos para mejorar la respuesta ante situaciones similares.

La tragedia de Sandra ha dejado una huella profunda y ha reavivado la reflexión sobre cómo los centros educativos y las instituciones pueden detectar y actuar a tiempo frente a casos de acoso. La sociedad andaluza, conmocionada, espera ahora que la investigación aporte luz y justicia a una historia que ha golpeado con fuerza la sensibilidad de un centro escolar así como del barrio y la ciudad de Sevilla.