El caso de Sandra Peña conmociona Sevilla, su familia exige la sanción más grave contra el colegio Irlandesas Loreto
Tragedia en Sevilla: la familia de Sandra Peña exige la sanción más severa contra el colegio Irlandesas Loreto por presunto acoso escolar
La familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre en Sevilla, continúa su lucha por justicia. Acusan al colegio Irlandesas Loreto, donde la adolescente cursaba estudios, de no haber activado el protocolo contra el acoso escolar pese a las señales de alarma previas al suicidio.
Este pasado miércoles, tras reunirse con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, los familiares han reiterado su deseo de que el centro reciba la sanción más grave posible si se demuestra la negligencia denunciada.
El portavoz de la familia, Isaac Villar, ha confirmado que el Juzgado de Instrucción ha admitido a trámite la querella presentada contra el colegio concertado, así como contra varios docentes y responsables del mismo.
La denuncia señala que el centro no actuó conforme al protocolo establecido ni notificó los hechos a la Consejería de Educación, incumpliendo así las obligaciones de intervención en casos de presunto acoso. Según Villar, ese incumplimiento “pudo tener consecuencias fatales para la vida de Sandra”.
Durante la reunión celebrada en la sede de la Consejería, además de Castillo, han estado presentes el viceconsejero de Educación, el delegado territorial en Sevilla y la jefa de la Inspección Educativa.
En el encuentro, la titular de Educación trasladó a la familia su compromiso de “llegar hasta donde la ley lo permita”, aunque precisó que la vía administrativa se encuentra actualmente paralizada a la espera de las decisiones judiciales. El proceso penal, impulsado por la querella, marcará los próximos pasos en la investigación.
“Nos sentimos muy arropados por la Junta y por toda la sociedad”, expresó Villar ante los medios. Agradeció el apoyo recibido y subrayó que la familia mantendrá su empeño para que “nadie más tenga que pasar por lo que nosotros estamos viviendo”. Añadió que “la única manera de agradecer tanto cariño es seguir con esta lucha hasta las últimas consecuencias”.
Cambios en el sistema educativo tras la muerte de Sandra Peña
El portavoz insistió en que el objetivo no es solo lograr una sanción ejemplar, sino impulsar cambios generales en el sistema educativo para que las instituciones respondan con rapidez ante cualquier indicio de acoso.
“Si se confirma que el colegio no protegió a Sandra ni activó los mecanismos necesarios, la retirada del concierto educativo debería ser una consecuencia natural”, afirmó Villar, recordando que esta es la sanción más severa prevista por la normativa.
El caso de Sandra Peña ha reabierto el debate sobre la eficacia de los protocolos escolares frente al acoso y la responsabilidad institucional en la protección de menores. Diversos colectivos de padres y asociaciones contra el bullying han expresado su apoyo a la familia, reclamando que el trágico suceso sirva como punto de inflexión en las políticas educativas andaluzas.
La tragedia ocurrió el 14 de octubre, cuando la adolescente se arrojó desde la azotea de su vivienda poco después de salir del colegio. La Policía Nacional y la propia Consejería abrieron una investigación inmediata para esclarecer los hechos. Desde entonces, la familia ha mantenido una intensa batalla judicial y mediática para que el caso no quede impune.
Aunque los padres de Sandra siguen profundamente afectados, han manifestado su determinación de transformar el dolor en una causa de prevención y justicia. “Recordar lo sucedido es desgarrador, pero es necesario hacerlo para que nunca más una familia viva algo así” dijo Villar.
La investigación judicial continúa su curso mientras la sociedad sevillana observa con atención un caso que ha sacudido conciencias y reavivado la urgencia de reforzar los mecanismos de detección y respuesta ante el acoso escolar. El caso de Sandra Peña sigue reclamando justicia.