El plan para construir 913 viviendas de protección oficial junto al Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) se ha visto recortado tras una decisión del gobierno municipal. El alcalde, José Luis Sanz, ha aceptado ceder una de las dos parcelas previstas a la empresa pública Contursa, lo que reduce el número total de VPO a 689.
La operación, que implica la compra de la parcela R-2 por parte de Contursa por algo más de 4,1 millones de euros, responde a la intención de la sociedad municipal de ampliar las instalaciones de Fibes ante el incremento de actividad ferial y congresual en los últimos años. Esta adquisición permitirá a Contursa desarrollar un nuevo plan de ampliación, con el compromiso de presentar el proyecto en un plazo de tres meses.
El cambio afecta directamente al concurso lanzado por Emvisesa para la externalización de la construcción y gestión de las VPO. La retirada de la parcela R-2 del proceso obliga a modificar los pliegos y reorientar la petición de fondos públicos, que ahora se centran exclusivamente en la parcela R-1, donde se edificarán las 689 viviendas restantes. La nueva solicitud de ayudas públicas asciende a 24,4 millones de euros.
«Razones de interés público»
Según un informe técnico de Emvisesa, al que ha tenido acceso este medio, Contursa justificó su petición en “razones de interés público”, al considerar que la parcela es esencial para mejorar la operatividad del recinto ferial. El escrito destaca la necesidad de contar con más espacio tanto para exposición como para servicios complementarios, ante la creciente demanda del sector.
El consejo de administración de Emvisesa ha dado luz verde a la suspensión temporal del proceso de adjudicación, la revisión de los pliegos y la reapertura del concurso. También ha aceptado el compromiso formal de Contursa de adquirir la parcela mediante concesión demanial hasta el año 2089, con un canon superior a los 15 millones de euros (sin IVA).
Cabe recordar que Contursa, en años anteriores, había utilizado estos terrenos sin coste alguno. Entre 2014 y 2021 disfrutó de una cesión gratuita, y en 2023 firmó un contrato de alquiler por 150.000 euros que nunca llegó a abonar, antes de renunciar a la parcela en noviembre.
La nueva adjudicataria que se haga con la concesión de la parcela R-1 tendrá la obligación de diseñar, financiar, construir y gestionar un complejo que incluirá alojamientos protegidos, zonas terciarias, aparcamientos y otros usos compatibles como oficinas, comercios, hoteles o espacios de ocio. Los pisos deberán destinarse al alquiler a precio asequible durante un periodo mínimo de 50 años.
Tras ese plazo, se permitirá la actualización del precio conforme a los valores máximos establecidos por la normativa vigente en materia de vivienda protegida.
