El administrador de fincas que huyó con cientos de miles en Sevilla rompe su silencio, así se justifica
El “Dioni de Pino Montano” rompe su silencio con una carta: admite su culpa pero no aclara el destino del dinero
José Manuel Moreno Lucas-Viedma, conocido ya como "el Dioni de Pino Montano", ha reaparecido -no físicamente- después de más de una semana de silencio que había hecho temer lo peor entre sus clientes.
Tras ignorar durante días llamadas, correos y mensajes de decenas de comunidades de vecinos a las que administraba, el gestor ha enviado una carta fechada el 10 de febrero en la que pide disculpas por el daño causado, aunque sin explicar qué hizo con el dinero ni comprometerse a devolverlo.
Las misivas llegaron la noche del viernes 13 a las comunidades afectadas, incrementando la indignación y la preocupación de los vecinos.
En la carta, a la que tuvo acceso este medio, Lucas-Viedma admite haber pedido numerosos créditos a nombre de las comunidades que gestionaba, sin informar a los presidentes ni a las juntas de propietarios.
Los préstamos, por importes de entre 150.000 y 192.000 euros, fueron posteriormente dejados de pagar, generando importantes deudas que las comunidades desconocían. Los vecinos comenzaron a recibir en los últimos días cartas del banco reclamando los impagos mensuales, lo que destapó un posible fraude millonario.
Una estafa que afecta a más de quince comunidades en Sevilla
Las primeras investigaciones apuntan a que hay una quincena de comunidades afectadas, la mayoría en Pino Montano, aunque también se han detectado casos en La Macarena, Juan XXIII, Sevilla Este y Camas.
El modus operandi habría sido similar en todos los casos: el administrador solicitaba préstamos en nombre de las comunidades, presentando documentación aparentemente legal y con acceso a las cuentas comunes, lo que facilitaba la operación ante las entidades bancarias.
Los importes, según fuentes cercanas a la investigación, podrían superar el millón y medio de euros en total.
La Policía Nacional ya ha abierto diligencias y las denuncias se han presentado en el Juzgado de Guardia de Sevilla, que deberá determinar la naturaleza exacta de los delitos cometidos y el alcance económico del perjuicio.
Las cartas de disculpa: sin rastro del dinero
En su misiva, Lucas-Viedma afirma que asume “plenamente las responsabilidades” y exculpa a las comunidades:
“Todas las cuotas han sido abonadas íntegramente por mí, sin coste alguno para su comunidad”, señala, agregando que “ninguna persona de la comunidad ha actuado o participado en la tramitación u obtención de este préstamo”.
Asimismo, asegura haber intentado “hacer frente al pago de las cuotas restantes, no consiguiéndolo hasta la fecha”, y afirma que remitirá la misma carta a las entidades bancarias para garantizar la exoneración de los vecinos de cualquier responsabilidad. “Siento, de todo corazón, haberles fallado como administrador”, concluye.
Sin embargo, en ningún momento menciona el paradero del dinero ni ofrece explicaciones sobre cómo se gestionaron los fondos obtenidos mediante los créditos.
Tampoco indica si colaborará con la justicia o con los abogados de las comunidades para intentar recuperar lo sustraído.
Vecinos indignados y deudas crecientes en comunidades de Sevilla
Mientras el administrador intenta justificar su actuación, las comunidades afectadas se enfrentan ya a las primeras reclamaciones bancarias. En varios casos, las cuotas pendientes oscilan entre 8.000 y 10.000 euros, lo que ha generado una profunda preocupación en los bloques afectados.
Algunos presidentes de comunidad han relatado sentirse “engañados y desamparados”, tras años confiando la gestión a un profesional que gozaba de buena reputación en el barrio.
La situación recuerda a un caso anterior ocurrido en Almensilla, donde otro administrador fue condenado por apropiarse de fondos vecinales.
En aquel episodio, la condena fue mínima al no poder probarse el destino final del dinero, un precedente que ahora inquieta a las víctimas de Pino Montano.
Posibles consecuencias penales
De confirmarse los hechos, José Manuel Moreno Lucas-Viedma podría enfrentarse a delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, recogidos en los artículos 248, 390 y 252 del Código Penal español.
Las penas por estos delitos pueden ir desde los seis meses hasta los ocho años de prisión, dependiendo de la cuantía defraudada y el número de afectados.
Si el importe supera los 250.000 euros o se considera que el acusado actuó abusando de su posición de confianza, la condena podría alcanzar el grado máximo previsto por la ley.
Por el momento, las comunidades continúan coordinando su defensa con abogados y procuradores mientras la investigación policial avanza.
La incógnita principal sigue siendo la misma: ¿dónde está el dinero? Un silencio que ni las cartas ni las disculpas del llamado Dioni de Pino Montano han logrado disipar.