José Ángel Prenda y Jesús Escudero, dos de los cinco condenados por la violación grupal ocurrida en los Sanfermines de 2016, han solicitado la rebaja de sus penas de 15 años de prisión en aplicación de la ley del ‘sólo sí es sí’.
Ambos han seguido la estrategia de su compañero Ángel Boza, quien en julio de 2024 obtuvo una reducción de un año en su condena tras la revisión del Tribunal Supremo. En aquel fallo, el Alto Tribunal confirmó la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que en septiembre de 2023 rebajó su pena al considerar que la reforma legal había reducido el mínimo de la condena aplicable.
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha recibido ya los recursos de Prenda y Escudero y ha trasladado la solicitud al resto de partes implicadas en el proceso, quienes disponen de cinco días para presentar sus alegaciones antes de que se resuelva la petición.
El Tribunal Supremo, al respaldar la reducción de la condena a Boza, consideró que la pena impuesta en su día se situaba próxima al mínimo legal vigente entonces, y que la reforma legislativa rebajó dicho umbral de 14 años y tres meses a 13 años, lo que justificaba la revisión.
La abogada de la víctima recurrió esa primera reducción de condena, apoyándose en el voto particular de una magistrada del TSJN que argumentaba la «gravedad» de los hechos. Sin embargo, el Tribunal Supremo ratificó la aplicación del nuevo marco legal, señalando que no podía hacer distinciones entre casos mediáticos y otros que también han sido revisados con base en la nueva legislación.
Una agresión que marcó un cambio legal
El caso de La Manada tuvo un profundo impacto social en España. Los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2016, cuando cinco hombres procedentes de Sevilla abusaron sexualmente de una joven madrileña de 18 años en un portal de Pamplona. Inicialmente, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra los condenó por abuso sexual con prevalimiento, pero no por agresión sexual continuada. Esta decisión generó una ola de protestas y contribuyó a la creación de la ley del ‘sólo sí es sí’, centrada en la importancia del consentimiento.
Finalmente, el Tribunal Supremo elevó la condena a 15 años de prisión para cada uno de los acusados, calificando el delito como «violación continuada» con agravantes de «trato vejatorio» y «agresión grupal». En su fallo, los magistrados concluyeron por unanimidad que existió «un auténtico escenario intimidatorio» en el que la víctima no otorgó consentimiento en ningún momento.
Desde la entrada en vigor de la ley del ‘sólo sí es sí’, al menos 1.400 condenados por delitos sexuales han visto reducidas sus penas en España, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
