Dos investigaciones por la muerte de Sandra Peña: las presuntas acosadoras y el colegio Las Irlandesas, bajo la lupa de la Fiscalía
Sandra Peña, el caso que sacude a Sevilla, la Fiscalía señala al colegio Las Irlandesas por no activar el protocolo antiacoso antes de la muerte de Sandra Peña
La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto dos investigaciones por la muerte de Sandra Peña, la adolescente que se suicidó tras sufrir presuntamente acoso escolar en el colegio Las Irlandesas de Loreto.
El Ministerio Público examina tanto la responsabilidad de las tres compañeras señaladas como la actuación del centro educativo, que no activó los protocolos obligatorios pese a las repetidas denuncias de la madre.
La Fiscalía se centra en las acosadoras y en la gestión del colegio
Según fuentes judiciales, el caso se divide en dos líneas de investigación. La primera busca determinar la posible responsabilidad penal de las presuntas acosadoras, cuya edad será clave, ya que sólo las mayores de 14 años pueden ser imputadas en el ámbito de menores.
El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional elabora un atestado con las pruebas, declaraciones y actos concretos que habrían constituido el acoso sufrido por Sandra.
La segunda investigación apunta directamente al centro educativo Las Irlandesas de Loreto, de carácter privado concertado. La Fiscalía examinará si hubo falta de supervisión y evaluación de riesgos por parte del colegio una vez que se conocieron las denuncias.
Según la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, el colegio no activó ni el protocolo de acoso escolar ni el de conductas autolíticas (prevención del suicidio), limitándose únicamente a separar a Sandra de las tres compañeras señaladas, una medida que se adoptó solo tras la insistencia de su madre.
La madre denunció dos veces el acoso sin respuesta
María Peña Villar, madre de la joven, denunció en dos ocasiones la situación de su hija ante la dirección del colegio. La primera vez fue a finales del segundo trimestre del curso anterior, sin recibir medidas concretas.
La segunda, al iniciar el nuevo curso, pidió que Sandra no compartiera aula con las presuntas acosadoras. El colegio accedió parcialmente, aunque llegó a proponer que una de las chicas permaneciera en su clase, algo a lo que la madre se negó tajantemente.
A pesar de las advertencias, el centro no activó los protocolos que la normativa andaluza exige en casos de acoso escolar o riesgo de suicidio. Tras el fallecimiento de la alumna, la Inspección Educativa de la Junta abrió de inmediato una investigación, recabó testimonios y documentos y levantó acta para evaluar las posibles responsabilidades del colegio.
La Junta confirmó además que se ha abierto un expediente administrativo para determinar si el centro incumplió sus obligaciones legales, lo que podría derivar en la retirada del concierto educativo que financia parte de su actividad.
El caso reabre el debate sobre la eficacia de los protocolos
La tragedia de Sandra Peña ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la eficacia de los protocolos contra el acoso escolar y la falta de recursos en los centros educativos. Según un reciente estudio del sindicato CSIF Sevilla, el 63,3 % del profesorado ha gestionado casos de acoso en su carrera, pero sólo uno de cada diez docentes se siente preparado para intervenir con eficacia.
La responsable de Educación de CSIF, Manuela Tagua, explicó que las formas de acoso más frecuentes detectadas en Sevilla son la exclusión social (73,3%), el acoso físico o verbal (66,6%), el ciberacoso (53,3%) y el acoso por orientación o identidad sexual (23,3%).
Tagua denuncia que los profesores no cuentan con la formación ni los recursos necesarios y que los actuales protocolos son “excesivamente burocráticos y poco operativos” ante una situación real.
El 90% del profesorado consultado pide reforzar los departamentos de orientación con profesionales especializados en salud mental y mediación. “La carga administrativa no protege al alumnado; hacen falta equipos reales que actúen de inmediato”, subraya Tagua.
La muerte de Sandra Peña ha causado una fuerte conmoción en Sevilla y se ha convertido en un símbolo de la urgencia de mejorar la prevención del acoso escolar.
Para expertos en educación y psicología, el caso refleja la falla estructural del sistema cuando las advertencias familiares no se traducen en medidas efectivas.
La Fiscalía investiga ahora las responsabilidades penales y administrativas, pero la sociedad sevillana se pregunta qué mecanismos fallaron y cómo pudo llegar tan lejos una situación que fue denunciada con insistencia.
El debate sigue abierto y presenta una inquietante pregunta: ¿cuantos avisos más deben ignorarse antes de evitar otra tragedia?